Corte IDH ordena suspender ley de amnistía en el Perú
La Corte IDH dispuso que la Ley 32419 no tenga efectos hasta revisar los casos Barrios Altos y La Cantuta
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley 32419, conocida como ley de amnistía, que beneficiaba a militares, policías y funcionarios procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Según la resolución, la norma no tendrá efectos jurídicos hasta que el tribunal se pronuncie de manera definitiva sobre el pedido de medidas provisionales. Esta decisión se da en el marco de la supervisión de cumplimiento de sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos emblemáticos en materia de violaciones de derechos humanos en el país.
¿Qué significa esta suspensión?
La Corte IDH precisó que el objetivo de la medida es garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia. Mientras el tribunal internacional no emita un fallo de fondo, ninguna autoridad en el Perú podrá aplicar la ley de amnistía.
De esta manera, se busca evitar que los procesos judiciales abiertos por violaciones de derechos humanos sean archivados o interrumpidos antes de que se resuelva la responsabilidad de los acusados.
Recordatorio de obligaciones internacionales
El tribunal recordó que ya emitió resoluciones de seguimiento entre 2002 y 2018, así como medidas provisionales entre 2022 y 2024. Todas estas disposiciones tuvieron como fin asegurar que el Perú cumpla con las sentencias y evite retrocesos en la lucha contra la impunidad.
Además, la Corte IDH tomó en cuenta la carta enviada en julio de 2024 por la presidenta de la República y el entonces presidente del Congreso, donde ambos reafirmaron el compromiso del país con el sistema interamericano de derechos humanos.
Impacto en el debate interno
La decisión internacional reabre el debate en el Perú sobre el alcance de las leyes de amnistía y la justicia transicional. Mientras organizaciones de derechos humanos saludan la medida como una garantía contra la impunidad, sectores políticos y militares críticos sostienen que limita la capacidad del Estado para legislar en temas de reconciliación.