Contrataciones y ascensos tras visitas al Defensor del Pueblo

Una serie de sospechosas contrataciones, ascensos acelerados y designaciones en cargos clave de la Defensoría del Pueblo quedaron al descubierto tras una investigación que expone cómo personas sin experiencia previa en el sector público accedieron a contratos y plazas en planilla tras reunirse directamente con el titular de la institución, Josué Gutiérrez. La denuncia se sustenta además en contundentes informes de auditoría de la Contraloría General de la República que advierten el incumplimiento sistemático de los perfiles profesionales requeridos.

¿Cómo se ejecutaron las contrataciones tras visitas al despacho del Defensor?

Los registros oficiales de la institución confirmaron la existencia de un patrón operativo recurrente en el que profesionales que acudían al despacho del defensor del pueblo lograban integrarse formalmente a la entidad poco tiempo después. Uno de los casos documentados es el de Lucía Yalán Cano, quien el 12 de junio de 2024 ingresó al despacho de Josué Gutiérrez para mantener una reunión que se extendió por más de dos horas. Yalán, que nunca antes había prestado servicios para el Estado, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP) semanas más tarde e inmediatamente se le adjudicaron cinco órdenes de servicio consecutivas. Tras este breve periodo como locadora, dio el salto al régimen laboral CAS como asistente administrativa.

Un mecanismo similar se repitió con Nicole Mingos Medrano, ciudadana huanuqueña que visitó el despacho directivo en dos oportunidades el mismo día, el 30 de julio de 2024. Solo tres días después de los encuentros con Gutiérrez, Mingos tramitó su RNP y accedió a cuatro órdenes de servicio previas a su contratación bajo el régimen CAS. Al ser abordadas por los investigadores, las involucradas intentaron desvincular sus nombramientos de las reuniones sostenidas en la sede defensorial.

¿Qué irregularidades halló la Contraloría en las designaciones de confianza?

Las acciones de control iniciadas por la Contraloría General de la República revelaron que las inconsistencias no se limitaron a las locaciones de servicio, sino que alcanzaron la jefatura de programas de alcance nacional. La ciudadana Betbiary Díaz Coral fue nombrada en julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud, puesto para el cual debía acreditar obligatoriamente cuatro años de experiencia específica. No obstante, el informe de control detalló que desde el área de Recursos Humanos se le fabricaron años de trayectoria: se tomaron certificados que solo avalaban siete días de trabajo y se consignaron como si fueran tres años y dos meses de experiencia. Pese a que Díaz debió dejar la jefatura en enero de 2025 por estas observaciones, Josué Gutiérrez la nombró posteriormente como asesora I y más tarde la volvió a ascender al cargo de adjunta.

El expediente fiscalizador incluye también la actuación de Margarita Yahuana Correa, excolaboradora parlamentaria del entorno de Gutiérrez. La Contraloría determinó que Yahuana, mientras ocupaba una plaza CAS, postuló a un concurso público interno bajo el régimen 728. Sin embargo, la servidora vulneró la transparencia del proceso al recopilar y consolidar ella misma la información administrativa de la convocatoria en la que participaba como candidata. Tras ganar el concurso e incrementarse el sueldo de siete mil soles al doble de dicha cifra, la funcionaria fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.