Contraloría: responsabilidad en 10 funcionarios de ONPE por irregularidades
Entre las anomalías detectadas figuran la manipulación de puntajes técnicos para favorecer a una empresa de transportes y la desatención del cronograma técnico del Plan Operativo Electoral.
Auditoría especial al proceso electoral de la primera vuelta. Un contundente Informe de Control Específico emitido por la Contraloría General de la República reveló indicios de corrupción funcional y negligencia operativa en el seno de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
De acuerdo con el documento técnico, las malas decisiones de una decena de directivos y evaluadores, incluida la máxima jefatura del organismo autónomo, afectaron gravemente el erario público y la transparencia de los comicios generales del pasado 12 de abril de 2026.
Los altos funcionarios implicados por la Contraloría
La investigación del órgano de control, plasmada en el expediente N° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, concluyó que las irregularidades logísticas no fueron fallas fortuitas, sino consecuencias de un accionar coordinado en las gerencias estratégicas de la institución.
Por esta razón, se ha determinado presunta responsabilidad penal y administrativa a Piero Alessandro Corvetto Salinas, quien ejerció como jefe de la ONPE hasta abril de 2026, así como a José Edilberto Samamé Blas en su condición de gerente de Gestión Electoral, y a Juan Antonio Phang Sánchez como subgerente de Producción Electoral.
Asimismo, el informe identifica responsabilidades de carácter penal para Roberto Carlos Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral, y Jesús Alberto Félix Atúncar, subgerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica.
En la fase operativa de evaluación de propuestas, la Contraloría halló desvíos penales y administrativos en Lilia Flores Bancho, evaluadora de la fase de selección en Logística, y William Martín García Velásquez, evaluador representante del área usuaria.
El esquema logístico que afectó a 55 mil electores
El informe de Contraloría desglosa dos modalidades delictivas bien definidas. La primera consistitó en el favorecimiento indebido al consorcio de transportes ganador de la buena pro. Los evaluadores aplicaron criterios clandestinos y alteraron las dimensiones de capacidad de los vehículos de la competencia para otorgar el contrato de S/ 6 368 332.75 a una propuesta económica que superaba por casi medio millón de soles a la opción más eficiente del mercado.
El proveedor beneficiado terminó subcontratando el 92 % de la flota requerida a terceros.
La segunda modalidad afectó directamente el ejercicio democrático de Lima Metropolitana. Los mandos informáticos y de infraestructura ordenaron trasladar laptops e impresoras de votación electrónica destinadas a contingencias de manera inoportuna.
A las 16:28 horas del sábado 11 de abril, a menos de un día de la votación, los implicados firmaron la reprogramación crítica de 43 rutas de distribución que comprendían 553 locales de votación. Se consignaron tiempos de viaje irreales de 3 horas cuando la geografía de la capital exigía un mínimo de 8 horas de traslado.
Esta cadena de negligencias provocó el retraso masivo en el reparto y la no instalación de 187 mesas de sufragio, dejando desamparados a 55 261 electores en los centros de votación de Lima.
Asimismo, el informe expone que los funcionarios avalaron adendas con incrementos de costos de flete por kilogramo de material informático de hasta 900 % sin sustento legal, configurando un presunto desvío de recursos que ya se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Un informe detallado de la Contraloría atribuye responsabilidad penal y administrativa a 10 integrantes de la ONPE, entre ellos al entonces jefe de la institución Piero Corvetto, por una serie de manejos irregulares detectados en el despliegue de material de la primera vuelta electoral de 2026. El documento revela que el comité de adjudicación manipuló requisitos técnicos para otorgar un millonario contrato de transportes a un postor sobrevaluado. La posterior mala gestión en las rutas de los equipos de contingencia a menos de 24 horas del sufragio provocó que 187 mesas de votación no pudieran abrir en Lima Metropolitana, impidiendo el derecho al voto de más de 55 mil ciudadanos.