Congreso: ¿Se archivó la denuncia constitucional contra Boluarte?
El informe fue cuestionado por congresistas opositores, quienes afirmaron que se archivó sin permitir una investigación fiscal completa. La reconsideración fue rechazada.
La Comisión Permanente del Congreso archivó este jueves 11 de setiembre la denuncia contra Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La decisión fue tomada con 12 votos a favor y 10 en contra, sin abstenciones, luego de un extenso debate centrado en la falta de pruebas suficientes. La reconsideración fue rechazada minutos después con 13 votos en contra.
El informe aprobado se basó en la evaluación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta había recomendado archivar la denuncia contra la presidenta por no haberse acreditado una relación directa entre las decisiones de la presidenta y los resultados letales en las manifestaciones.
Se concluyó que los denunciados no tenían un deber jurídico funcional y operativo específico para evitar las muertes.
¿Cuál era el contenido de la denuncia archivada?
La denuncia contra Dina Boluarte, formulada por el Ministerio Público, señalaba que la jefa de Estado y seis exministros incurrieron en homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, mediante omisión impropia y con dolo eventual.
En total, se imputaban 44 muertes y 116 heridos ocurridos en diversas regiones del país, atribuibles al uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares.
El documento sostenía que los altos funcionarios no adoptaron medidas para evitar la violencia, pese a tener conocimiento de los hechos. Sin embargo, el Congreso consideró que los elementos probatorios presentados eran insuficientes y no demostraban la existencia de dolo ni una orden directa desde el Ejecutivo.
¿Qué argumentos sustentaron el archivo de la denuncia?
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, explicó que no se hallaron pruebas objetivas que demostraran que los funcionarios utilizaron el aparato estatal con intención de causar muertes.
Además, enfatizó que los cargos políticos de los implicados no les otorgaban competencia operativa sobre las fuerzas del orden.
El informe también desestimó el uso de normas constitucionales generales como base suficiente para atribuir responsabilidad penal por omisión. Así, se descartó que la figura de “garante” pudiera aplicarse penalmente en este contexto.
De esta manera, se archivó la denuncia contra Dina Boluarte y los demás altos funcionarios mencionados.
¿Cuáles fueron las reacciones al archivamiento?
Varios congresistas expresaron su desacuerdo. Ruth Luque criticó el informe por considerarlo un intento de blindaje y pidió que regrese a la Subcomisión para una mejor valoración. Su propuesta fue desestimada tras una votación dividida.
Otros parlamentarios como Flavio Cruz y Wilson Quispe también rechazaron la decisión, señalando que se ignora la magnitud de los hechos ocurridos.
“Estamos creando una memoria histórica nefasta”, afirmó Cruz durante su intervención. Además, Edgard Reymundo solicitó una reconsideración del voto, la cual también fue rechazada por mayoría.
Las críticas giraron en torno a la supuesta falta de voluntad del Congreso para permitir que las investigaciones fiscales avancen sin interferencias.
¿Qué implicaciones legales tiene esta decisión?
El archivo de la denuncia contra Dina Boluarte por parte del Congreso no detiene automáticamente las investigaciones del Ministerio Público. La Fiscalía puede continuar con sus pesquisas en el ámbito penal y, eventualmente, presentar nuevos cargos si encuentra pruebas contundentes.
No obstante, esta decisión limita la posibilidad de que Boluarte y otros exministros enfrenten un antejuicio político.
El Congreso, al declarar improcedente la denuncia constitucional, concluyó que no existe mérito para procesarlos en ese marco. Esto debilita la dimensión política de la acusación, aunque no la judicial.
¿Qué dice el Código Penal sobre la omisión impropia?
La imputación contra Boluarte y su gabinete se basó en el artículo 13 del Código Penal, que regula la “comisión por omisión”. Este establece que una persona puede ser sancionada por no impedir un resultado punible si tiene el deber jurídico de hacerlo. En este caso, se alegó que la presidenta y sus ministros, como garantes del orden constitucional, omitieron actuar frente a las acciones de las fuerzas del orden.
Sin embargo, el informe del Congreso concluyó que tal deber jurídico no estaba debidamente sustentado y que no se podía establecer responsabilidad penal basándose solo en funciones generales de gobierno.
El Congreso archivó la denuncia contra Dina Boluarte por las muertes en protestas. Con 12 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó el informe que concluye que no hubo pruebas suficientes para imputar responsabilidad penal a la presidenta ni a los exministros involucrados. La denuncia alegaba omisión impropia con dolo eventual. Legisladores de oposición criticaron el dictamen y presentaron una reconsideración, que fue desestimada. La decisión no impide que el Ministerio Público continúe con las investigaciones judiciales por los hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.