Congreso: presentan ley para frenar alimentos contaminados
La propuesta de Ahora Nación plantea inmovilizar lotes agrícolas e imponer trazabilidad sanitaria.
La bancada de Ahora Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para sancionar el comercio de verduras con pesticidas en el país. La iniciativa busca reforzar la inocuidad de las frutas y verduras mediante un sistema preventivo de vigilancia y trazabilidad desde el campo hasta los mercados.
La propuesta establece que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y la Dirección General de Salud Ambiental retiren del mercado los productos contaminados.
El proyecto legislativo propone tipificar como infracción muy grave la comercialización de alimentos que contengan sustancias químicas no autorizadas o que superen los límites máximos permitidos.
La iniciativa responde a la falta de controles sanitarios en las plataformas de venta de alimentos y busca proteger la vida de los consumidores. Las instituciones fiscalizadoras coordinarán operativos inopinados en los principales centros de distribución del país.
¿Por qué se busca regular la inocuidad de las frutas en los mercados?
La ley busca garantizar la inocuidad debido a que las evaluaciones ciudadanas detectaron graves niveles de contaminación en los insumos agropecuarios de consumo masivo. Los exámenes de laboratorio determinaron que el 60% de las muestras analizadas de verduras no era apto para el consumo.
En las pruebas químicas realizadas se encontró pimiento con un exceso de 5200% del químico triasofos respecto al parámetro máximo permitido. Del mismo modo, los análisis en muestras de tomate detectaron un 1280% de exceso del producto fipronil en los mercados populares.
El senador Jaime Delgado afirmó que no se puede esperar la intoxicación de un ciudadano para recién ejecutar las fiscalizaciones.
El consumo continuo de sustancias peligrosas en las verduras genera daños irreversibles en el sistema endocrino y la salud reproductiva de los jóvenes. La norma obligará a los comerciantes agropecuarios a registrar el origen de sus productos para identificar a los agricultores que utilicen agroquímicos prohibidos.
La propuesta pretende resolver la brecha de control en la venta de alimentos frescos durante el presente año 2026.
¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre los pesticidas en los alimentos?
El Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por la ineficiencia de las entidades públicas para fiscalizar la presencia de pesticidas en la comida. El fallo judicial ordenó la suspensión inmediata de la venta y uso de cinco agroquímicos altamente nocivos para la salud humana.
La prohibición legal abarca la distribución de los productos clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin destinados a cultivos de consumo nacional.
El fallo del máximo intérprete de la Constitución otorgó un plazo de 180 días al Poder Ejecutivo para solucionar el problema sanitario. La resolución exige el fortalecimiento técnico de los laboratorios estatales y la publicación de alertas públicas tras las inspecciones.
Para vigilar el cumplimiento de la sentencia, el despacho del legislador Jaime Delgado remite un oficio semanal con cuenta regresiva al primer ministro Luis Galarreta.
La bancada de Ahora Nación busca traducir el mandato judicial en una ley permanente que obligue a los funcionarios a fiscalizar los valles agrícolas. La propuesta técnica cuenta con el respaldo de organizaciones sociales y plataformas de seguridad alimentaria.
¿Cómo operará el control sanitario de las verduras en las plataformas de venta?
El control sanitario de frutas y verduras operará mediante una cadena de trazabilidad obligatoria que permitirá rastrear el origen del producto desde la granja de producción. Las municipalidades locales y los gobiernos regionales efectuarán intervenciones inopinadas en los camiones de transporte y puntos de venta minorista.
Las autoridades de salud contarán con la facultad legal de inmovilizar y destruir los lotes de alimentos que resulten sospechosos de contener químicos prohibidos.
El proyecto normativo califica como falta muy grave la aplicación irresponsable de químicos en la producción agrícola. Las dependencias del Estado deberán difundir comunicados oficiales sobre las marcas o lotes agrícolas retirados de la circulación.