Congreso no halló red de prostitución, pero sí irregularidades
El informe final advierte uso de cargos públicos con fines personales y favorecimientos a militantes de APP. Piden intervención fiscal.
La Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que no hay pruebas de una red de prostitución en el Parlamento, pero sí detectó una serie de contrataciones irregulares, particularmente de personal femenino, en condiciones que podrían configurar delitos como nombramiento ilegal, concusión o tráfico de influencias. El informe final será presentado ante el Pleno este miércoles 18 de junio.
¿Qué dice el informe sobre la supuesta red de prostitución?
Según el documento, no existen pruebas concluyentes de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución dentro del Congreso. Pese a la difusión de conductas privadas de algunas trabajadoras en redes sociales como TikTok o OnlyFans, la Comisión indicó que estas no tienen relación directa con la institución. En el caso de Andrea Vidal Gómez, asesinada en 2023, no se acreditó vínculo alguno con una red.
¿Qué irregularidades se detectaron en las contrataciones?
El informe sí señala un “festín de contrataciones irregulares”, particularmente de mujeres con vínculos personales o sociales con altos funcionarios. Se identificaron nombramientos sin el perfil requerido, uso de documentos falsos y una aparente estructura paralela de direccionamiento de plazas, con injerencia política desde el partido Alianza para el Progreso (APP). Se menciona a Jorge Torres Saravia como uno de los principales responsables.
¿Quiénes están involucrados y qué delitos se habrían cometido?
Entre los nombres mencionados están Isabel Cajo, Jaqueline Lozano y Fiorela Monteza, cuyos legajos presentan inconsistencias o documentación presuntamente falsa. También se cuestiona la designación de funcionarios cercanos al APP, como la “hija política” de César Acuña. La Comisión recomienda investigar posibles delitos como falsificación de documentos, tráfico de influencias y aceptación ilegal de cargos.
¿Qué recomendaciones se plantearon en el informe final?
Se sugiere remitir el caso al Ministerio Público y la Contraloría para que determinen responsabilidades penales y administrativas. También se propone restituir el Estatuto del Servicio Parlamentario, suspendido desde 2018, para fortalecer los controles en contrataciones. Además, se solicita investigar la pérdida de equipos móviles y renuncias que podrían constituir obstrucción a la justicia.
¿Cuál fue el trasfondo de la investigación?
El Congreso abrió la indagación tras el asesinato de Andrea Vidal, ex trabajadora parlamentaria, cuyo caso despertó sospechas sobre una supuesta red de prostitución. Aunque esta hipótesis fue descartada, la Comisión señala que el Ministerio Público, con facultades como el levantamiento del secreto bancario o telefónico, podría profundizar la pesquisa y determinar responsabilidades más amplias.