Comisión Permanente avala amnistía para fuerzas del orden
El dictamen fue respaldado por sectores que defienden el rol pacificador de las fuerzas del orden, pese al rechazo de la CIDH y la CNDDHH.
Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 7549/2023-CR, que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La iniciativa fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Honor y Democracia, y es considerada por sus promotores como un acto de justicia pendiente.
¿A quiénes beneficia la ley de amnistía?
El dictamen aprobado alcanza a personas denunciadas o procesadas que no cuenten con sentencia firme, así como a adultos mayores de 70 años con condenas en etapa de ejecución por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo. Según explicó el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, el objetivo de la norma no es promover impunidad, sino “reconocer a quienes defendieron al país durante años de violencia interna”.
Rospigliosi argumentó que muchos de los posibles beneficiarios han enfrentado largos procesos judiciales que se extienden por décadas, incluso después de haber envejecido o fallecido. “Sus familias cargan con el dolor y la incertidumbre”, señaló en su intervención durante el debate.
¿Cuál fue el sustento del autor del proyecto?
El legislador Jorge Montoya, autor del proyecto, indicó que más de 1200 familias han vivido durante décadas bajo presión judicial. “Esto es una forma de justicia que cierra heridas pendientes”, afirmó. Montoya, al igual que otros congresistas de bancadas afines, destacó el rol activo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la pacificación del país frente a los grupos terroristas durante las décadas de 1980 y 1990.
Para sus defensores, la norma representa un paso hacia la reconciliación y el reconocimiento de quienes, aseguran, arriesgaron sus vidas en nombre del Estado.
¿Qué cuestionamientos recibió la iniciativa?
Diversos parlamentarios expresaron su rechazo al dictamen. Ruth Luque, Jaime Quito y María Agüero advirtieron que la ley puede generar impunidad y debilitar los procesos judiciales vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Según los críticos, otorgar amnistías sin diferenciar responsabilidades específicas podría contravenir estándares internacionales.
El congresista Jaime Quito presentó una reconsideración a la votación, pero fue desestimada por mayoría. De esta manera, el proyecto quedó aprobado tras superar las dos votaciones requeridas por el reglamento del Congreso.
¿Qué dijeron los organismos de derechos humanos?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Congreso a no aprobar la ley, recordando que los países miembros del sistema interamericano tienen la obligación de no conceder amnistías a responsables de crímenes como tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que la norma podría afectar directamente a 156 sentencias ya emitidas y a más de 600 procesos judiciales en curso, muchos de ellos relacionados con casos emblemáticos que aún esperan justicia.
¿Qué antecedentes legislativos tuvo esta propuesta?
El 12 de junio, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el mismo dictamen con 61 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. El debate se desarrolló en medio de un clima político polarizado. Un sector calificó la norma como necesaria para cerrar heridas históricas; otro, en cambio, la consideró un intento de socavar los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Constitución y Reglamento, que asumió su trámite tras ser propuesto originalmente por el congresista Montoya. En la segunda votación del 10 de julio, se selló su aprobación definitiva en la Comisión Permanente.