Comisión de Constitución aprueba dictamen de facultades por 90 días
El grupo parlamentario aprobó por mayoría el texto sustitutorio que reduce de ocho a dos las materias solicitadas por el Gobierno.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el texto sustitutorio que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días, exclusivamente en materia de seguridad ciudadana y atención ante el fenómeno El Niño. Según informaron fuentes parlamentarias, la votación técnica del dictamen registró 13 votos a favor procedentes de cinco bancadas, 5 votos en contra y 2 abstenciones.
La aprobación del proyecto en el grupo de trabajo legislativo se concretó tras más de cuatro semanas de debate desde la presentación del pedido inicial formulado por el Gobierno. La iniciativa aprobada redujo la pretensión original enviada por el Ejecutivo, la cual solicitaba legislar en ocho materias distintas mediante 66 medidas planteadas. El texto sustitutorio unificó propuestas suscritas en minoría por las bancadas de Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.
El dictamen legislativo quedó listo para su discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Tras su aprobación en comisión, se dispensó el trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos e iniciar la tramitación correspondiente. El debate en el Pleno se prevé para el próximo martes.
¿Qué posiciones adoptaron las bancadas sobre las facultades legislativas?
La bancada de Fuerza Popular dividió su votación entre la abstención y el respaldo a favor con reservas al texto sustitutorio. Durante el debate, el diputado Arturo Alegría señaló que el dictamen constituye un avance pero resulta insuficiente, mientras que la diputada Cecilia Chacón manifestó que la propuesta no satisface a su agrupación. Pese a ello, legisladores de dicha bancada expresaron su opción de plantear modificaciones adicionales durante la sesión del Pleno.
Por su parte, la bancada de Juntos por el Perú perdió su intención de enviar la solicitud al archivo y votó en bloque en contra del pedido tras ser rechazado su predictamen en minoría. El diputado Ernesto Zunini afirmó que la norma aprobada representa un mecanismo defectuoso para implementar un gobierno de excepción mediante decretos legislativos. El intenso debate en la comisión incluyó enfrentamientos verbales e incidentes entre parlamentarios de distintas agrupaciones.
Asimismo, representantes de bancadas como Renovación Popular expresaron que, si bien la fórmula normativa aprobada no es perfecta, se mantendrá la opción de acotarla o perfeccionarla durante la discusión en la sesión plenaria. El resultado de la votación reflejó el acuerdo de la mayoría del grupo parlamentario para limitar el marco de acción del Ejecutivo.
Límites fijados y alcances normativos en seguridad y emergencias
El dictamen aprobado establece que las facultades legislativas que se deleguen deberán respetar los límites constitucionales, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las competencias subnacionales. La iniciativa legal prohíbe de forma explícita la creación de nuevos tipos penales o delitos durante el periodo de delegación de 90 días. En materia de seguridad, se faculta al Gobierno a modificar marcos sobre migración, control de armas, sistema penitenciario, justicia juvenil y telefonía para combatir la extorsión, el sicariato, el secuestro, la minería ilegal y la ciberdelincuencia, además de fortalecer la Denuncia Digital y ampliar la responsabilidad administrativa empresarial.
En lo referente a la gestión del riesgo de desastres, la norma autoriza al Instituto Nacional de Defensa Civil a distribuir ayuda humanitaria de forma directa dentro de los primeros 15 días posteriores a una emergencia por el fenómeno El Niño. La propuesta contempla la simplificación administrativa y la digitalización de trámites estatales, garantizando de manera obligatoria la atención presencial para poblaciones sin acceso a medios digitales.
Finalmente, el texto normativo incorpora instrumentos de protección, créditos y seguros agrícolas destinados a apoyar a mujeres agricultoras de zonas rurales e indígenas. Asimismo, la iniciativa promueve la aceleración de proyectos de infraestructura, vivienda, agua potable y saneamiento básico a través de Asociaciones Público-Privadas y el mecanismo de Obras por Impuestos.