Caso Liceo Naval: dictan internamiento a 6 escolares
Instituto Nacional Penitenciario definirá el centro juvenil al que serán trasladados los investigados por agresión a menor.
El Tercer Juzgado de Familia de Lima aprobó la medida de cuatro meses de internamiento preventivo contra seis escolares investigados por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de un menor de 16 años de edad.
El hecho investigado se registró en el distrito de San Borja, en el interior de un bus que transportaba a la delegación de futsal del colegio Liceo Naval Almirante Guise.
La decisión de la judicatura establece que el Instituto Nacional Penitenciario determinará el centro juvenil al que serán trasladados los implicados durante el desarrollo del proceso legal.
La medida privativa de la libertad contra los adolescentes de quinto año de secundaria responde al pedido formulado por la Fiscalía tras la recepción de las declaraciones y la prueba en cámara Gesell.
¿Qué dispuso el juez para los escolares tras el pedido fiscal?
El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó la internación preventiva solicitada por el fiscal Mariano de la Torre Hernández contra seis de los diez alumnos retenidos.
La resolución judicial dispone que la medida cautelar se cumpla en un centro juvenil adaptado para menores y no en un penal de adultos, fijándose un lapso inicial para la realización de las pericias pertinentes sobre lo ocurrido tras el viaje desde Surco.
Las diligencias dispuestas por las autoridades del sistema judicial buscan esclarecer la participación de cada uno de los investigados en el ataque perpetrado dentro del vehículo de transporte.
Los procesados fueron trasladados desde la dependencia policial hasta la sede judicial del Cercado de Lima para la notificación formal del mandato expedido por el magistrado a cargo del caso.
¿Qué ocurrió con los otros escolares retenidos por la Policía?
Los restantes cuatro estudiantes permanecieron en la Comisaría de Familia mientras se agotó el plazo de retención de 48 horas establecido por la ley.
Tras las evaluaciones individuales de la Fiscalía, estos alumnos recuperaron su libertad para continuar la investigación bajo otra condición jurídica, mientras sus familiares procedieron a retirar sus pertenencias personales de la sede policial.
La intervención inicial del personal policial se concretó luego de que la familia de la víctima interpusiera la denuncia formal.
Las indagaciones preliminares revelaron que el agraviado, estudiante de cuarto de secundaria, sufría constantes maltratos, bromas pesadas e insultos de tipo racial por parte de sus compañeros con anterioridad al atentado denunciado ante las autoridades competentes.
¿Qué medidas de protección se dictaron a favor de la víctima?
El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dispuso diversas medidas de protección preventivas para salvaguardar la integridad física y psicológica del menor agredido.
La orden judicial prohíbe el contacto directo o virtual a través de redes sociales como Facebook o WhatsApp entre los investigados y el afectado, incluyendo la obligación de llevar terapias psicológicas para los implicados.
Adicionalmente, el juzgado ordenó a la comisaría del sector implementar un patrullaje policial constante y periódico en los alrededores de la vivienda del estudiante afectado.
Los familiares del adolescente señalaron que las agresiones verbales ocurridas dentro del bus cesaron únicamente cuando otro estudiante se puso de pie en el vehículo para exigir la detención del ataque.