Caso Lava Jato: Exdirigentes de FP piden millonaria indemnización
Los demandantes solicitaron una indemnización de 3.2 millones de soles amparados en la sentencia del TC.
El exdirigente fujimorista José Chlimper y el parlamentario Pier Figari iniciaron acciones legales para exigir una indemnización económica a los magistrados del caso Lava Jato que los investigaron por presunto lavado de activos.
Según un informe del diario Perú 21, la medida está dirigida contra Rafael Vela y José Domingo Pérez, además de los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga.
Los demandantes argumentan que sufrieron afectaciones personales y patrimoniales por un proceso penal que terminó siendo anulado por la justicia constitucional. El trámite legal inició formalmente a través de convocatorias a centros de conciliación antes de elevar las demandas a los juzgados civiles.
Los procesados convocaron a jueces y fiscales para solicitar la indemnización
El abogado Aurelio Pastor, representante de Pier Figari, informó que la audiencia de conciliación está fijada para este jueves 3 de septiembre y contempla un pedido de 2 millones de soles por concepto de reparación.
La defensa señaló que el procedimiento busca agotar el diálogo prejudicial conforme a las normas procesales civiles vigentes.
En tanto, el defensor legal de José Chlimper, Julio Espinoza, confirmó que su patrocinado citó a los magistrados para el lunes 7 de septiembre solicitando 1.2 millones de soles.
La defensa sostiene que el exdirectivo partidario fue sometido a una investigación penal indebida por presuntas faltas de financiamiento electoral.
El reclamo de indemnización económica se basa en el fallo del caso Cócteles
Las solicitudes civiles se sustentan en la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2025 que declaró fundada la demanda a favor de Keiko Fujimori y archivó el proceso judicial.
Los magistrados del colegiado establecieron que los aportes recibidos para las campañas de 2011 y 2016 no configuraban delito de lavado de activos.
El pronunciamiento precisó que la sanción penal para el financiamiento no declarado entró en vigencia recién en noviembre de 2016 con el Decreto Legislativo 1249.
Este criterio jurídico determinó la exclusión definitiva de todos los acusados en el expediente denominado caso Cócteles.
Los jueces y fiscales sostienen que sus actuaciones se realizaron conforme a ley
Fuentes cercanas a los magistrados informaron a la prensa que no aceptarán los pedidos económicos en las sesiones de conciliación al considerar que sus decisiones se dictaron con estricto apego a las leyes.
Los fiscales y jueces involucrados rechazarán cualquier pago indemnizatorio durante las reuniones extrajudiciales.
El exfiscal José Domingo Pérez y el fiscal Rafael Vela encabezaron las diligencias del caso, mientras que los magistrados Concepción Carhuancho y Zúñiga Urday tuvieron a su cargo el control de las medidas cautelares y la acusación.
Si no se alcanza un acuerdo, los demandantes presentarán sus recursos directamente ante el Poder Judicial.