Caso Jackson Mora: red acusada de millonario fraude informático
La organización delictiva suplantó la identidad de asesores parlamentarios y montó un despacho ficticio en Surco para engañar al alcalde, logrando bloquear sus cuentas y transferir el dinero del canon minero a la empresa FFC MMA S.A.C.
En un megaoperativo de gran envergadura, agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri desarticularon a la presunta organización criminal autodenominada "Los Arquitectos del Fraude".
Entre los principales detenidos figura Jackson Mora Rodríguez, de 51 años, un conocido empresario del rubro de las artes marciales mixtas y exesposo de la figura de televisión Tilsa Lozano.
A la red delictiva se le imputa el desvío ilícito de más de 9 millones 900 mil soles pertenecientes a las arcas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, ubicada en la provincia de Chincha, mediante un sofisticado mecanismo de fraude informático, suplantación de identidades y lavado de activos.
La captura de Mora Rodríguez ocurrió en las calles de Miraflores cuando se desplazaba a bordo de una camioneta, mostrando sorpresa ante la orden de detención preliminar emitida en su contra.
Las indagaciones fiscales y los peritajes de la Policía Nacional señalan que la red delictiva venía operando bajo modalidades similares desde el año 2021, amasando fortunas que les permitían mantener un estilo de vida lujoso.
Durante los allanamientos domiciliarios simultáneos, las fuerzas del orden incautaron más de cinco vehículos de alta gama pertenecientes a los miembros de la red, los cuales habrían sido adquiridos con las ganancias de sus actividades ilícitas.
El engaño: una oficina ficticia del Congreso en Surco
El minucioso plan delictivo se puso en marcha el 13 de abril, cuando tres sujetos que fingían ser asesores técnicos de la congresista Jenny López se presentaron ante el alcalde de Pueblo Nuevo, Abel William Sánchez Cahuana.
Los falsos asesores le ofrecieron gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para destrabar el presupuesto de un millonario proyecto de agua y desagüe en su localidad.
Para consolidar el engaño, citaron al burgomaestre el 22 de abril en un moderno edificio empresarial de la avenida Encalada, en el distrito de Surco, donde alquilaron una oficina por mil soles por solo un día.
Las cámaras de videovigilancia del edificio captaron a César Antonio Nepo Zolla (58), sindicado como uno de los cabecillas de la red, ingresando temprano al lugar con maletines y computadoras portátiles para montar el escenario.
El despacho fue acondicionado meticulosamente con logotipos oficiales del Congreso de la República, zonas de recepción, secretarias falsas y fotochecks. Incluso, cuatro cómplices ingresaron disfrazados con mamelucos y mascarillas simulando ser personal de limpieza para evitar ser identificados por los sistemas de seguridad.
Convencido de asistir a una cita del sector público, el alcalde ingresó al piso 11 y fue inducido a estampar firmas electrónicas en diversos oficios corporativos. Durante el trámite, los delincuentes consiguieron apropiarse de su Documento Nacional de Identidad y, de manera crucial, de los accesos digitales al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de la municipalidad.
El desvío de los fondos y el papel de Jackson Mora
Con las claves financieras en su poder, los delincuentes bloquearon de inmediato las cuentas de los funcionarios autorizados de la comuna de Pueblo Nuevo. El mismo 22 de abril, la banda criminal ejecutó múltiples transferencias electrónicas por un monto acumulado de S/9,900,000, dinero proveniente del canon minero del distrito.
Los fondos públicos fueron desviados directamente a la cuenta bancaria de la empresa FFC MMA S.A.C., una firma dedicada al rubro de entretenimiento y artes marciales cuyo propietario e inversor principal es Jackson Mora, y que tenía como gerente general a su hermana, Noelia Ruth Mora Rodríguez.
En el sistema SIAF, la transacción fue camuflada como si la empresa fuera una proveedora oficial cobrando por supuestos proyectos de gestión de riesgos y obras públicas, servicios que jamás se prestaron.
El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, detalló la función del deportista en el esquema delictivo: "La función de Jackson Mora dentro de la organización consistía en prestar la documentación y las cuentas de su representada para que el dinero del fraude informático llegara allí de manera directa, dándole un marco operativo que permitiera el beneficio criminal".
La ruta del dinero y los cheques de gerencia
La tarde del 23 de abril, las cámaras de seguridad de una farmacia en Miraflores captaron a Jackson Mora y a Daniel Jesús Mesones Mazzini (co-cabecilla de la banda) coordinando e imprimiendo facturas comerciales falsas para justificar ante las entidades bancarias el intempestivo ingreso de los millones de soles.
Tras validar los documentos de apariencia legal en el estacionamiento de un supermercado miraflorino, Noelia Mora Rodríguez ingresó a una agencia bancaria en la zona de Aurora.
La mujer gestionó la emisión de diez cheques de gerencia por un valor total de S/9,166,000. Los documentos fueron girados en partes iguales a favor de dos supuestas empresas de fachada: Inversiones Torrico E.I.R.L. y Servicios Mugaburu E.I.R.L., ambas representadas legalmente por Félix Víctor Saldarriaga Guerrero, un ciudadano captado en Piura que prestó su identidad a cambio de comisiones.
Las pesquisas apuntan a que los hermanos Mora dejaron un saldo de más de 818 mil soles en las cuentas de FFC MMA S.A.C., el cual correspondería al porcentaje de ganancia ilícita pactado por servir como puente de triangulación.
Intervención en flagrancia y recuperación de los fondos
La última fase consistía en el cobro en efectivo de los cheques de gerencia. Las cámaras de seguridad registraron a los acopiadores retirando fuertes sumas de dinero de agencias bancarias en el centro financiero de Chacarilla. Sin embargo, el 24 de abril, las alarmas de lavado de activos de una entidad financiera en la avenida Javier Prado Este, en La Molina, se activaron cuando Félix Saldarriaga intentaba retirar de golpe 400 mil dólares en efectivo. Efectivos de la División de Estafas intervinieron de inmediato en la ventanilla, logrando la captura del implicado en flagrancia.
Gracias al rápido despliegue de las unidades de la Dirincri, el Ministerio Público consiguió congelar las cuentas receptoras y recuperar más de ocho millones de soles del dinero sustraído, minimizando el impacto económico para la comuna chinchana.
Los integrantes de "Los Arquitectos del Fraude" permanecen bajo una orden de detención preliminar por el plazo de siete días por los delitos de fraude informático, organización criminal y lavado de activos, mientras los peritos informáticos analizan los dispositivos móviles incautados para establecer el alcance real de sus operaciones financieras en el aparato estatal.
¿En qué consiste el delito de fraude informático contra el Estado y cuáles son sus sanciones?
El fraude informático en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra tipificado en el artículo 8 de la Ley N.° 30096 (Ley de Delitos Informáticos). Este delito se configura cuando una persona, mediante el uso de tecnologías de la información, manipula datos, introduce contraseñas ilícitas, altera sistemas informáticos o suplanta identidades para obtener un beneficio económico indebido, perjudicando el patrimonio de un tercero o del Estado (como las plataformas SIAF del Ministerio de Economía).
La pena base para esta modalidad delictiva oscila entre los 3 y 8 años de prisión. Sin embargo, cuando el fraude se comete afectando fondos públicos del Estado, se realiza integrando una organización criminal, o compromete la estabilidad de una entidad pública (como un municipio), la figura jurídica se procesa bajo agravantes sustanciales, elevando la pena privativa de la libertad a un rango de entre 8 y 15 años de cárcel efectiva.