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5.09.2025

Carrión acusa: “El alcalde López Aliaga pidió mi destitución”

Foto y video: Canal N

La exprocuradora señaló que Renovación Popular presionó por su salida, denunció intimidaciones de López Aliaga y advirtió una injerencia política en la Procuraduría General del Estado.

La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, denunció ante la prensa que su destitución respondió a presiones políticas encabezadas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y la agrupación Renovación Popular.

Su salida fue decidida el 5 de setiembre por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado bajo la causal de “pérdida de confianza”.

“Es una institución arbitraria. El pedido que hace el alcalde de Lima ha permitido que se me cese en el cargo”, declaró Carrión.

¿Quién pidió la salida de Carrión?

La exprocuradora explicó que Rafael López Aliaga envió tres oficios solicitando su destitución. “El alcalde, presidente del grupo político Renovación Popular, está incluido en un caso penal en el cual nosotros participamos.

Hay un evidente conflicto de interés porque está retirando a la procuradora que los persigue civilmente”, afirmó.

Añadió que congresistas de Renovación Popular acudieron en junio a la Procuraduría para exigir su apartamiento, entre ellos el presidente de la comisión Lava Jato del Congreso.

¿Qué tipo de intimidaciones denunció?

Carrión aseguró que recibió mensajes de WhatsApp del alcalde. “Me indicaba que tenía que tomar la decisión de ingresar al procedimiento de discovery porque si no iba a publicar varias cosas en prensa”, relató.

Según dijo, las amenazas se concretaron: “Ustedes podrán verificar que en prensa, a través del diario Expreso, ha salido más de una campaña en contra de mi persona y del trabajo que realizamos”.

¿Qué ocurrió el día de su destitución?

La exprocuradora indicó que se le notificó su cese después de haber perdido acceso a sus sistemas institucionales.

“Me han cortado el acceso al correo institucional y al sistema de gestión documental. Yo tenía documentos con plazo que vencían hoy y que tenía que cumplir”, explicó.

Mencionó además que se interrumpió la electricidad en la sede, lo que complicó la presentación de un escrito clave en el caso Gasoducto.

¿Cómo impactará su salida en los casos Lava Jato?

Carrión advirtió retrasos en procesos como las colaboraciones eficaces con empresas. “Son casos de soborno transnacional que necesitan experticia. El tiempo de aprendizaje de un reemplazo va a retrasar las negociaciones”, afirmó.

Aunque hay procuradores adjuntos que podrían asumir temporalmente, dijo que no se le informó oficialmente quién quedará a cargo.

¿Qué logros alcanzó Carrión como procuradora ad hoc?

Durante su gestión de más de cinco años, la Procuraduría Ad Hoc cobró más de S/310 millones en reparaciones civiles a favor del Estado y dejó sentencias firmes por más de S/1,500 millones. Entre los fallos se incluyen el caso Ecoteva contra Alejandro Toledo y la Interoceánica Sur.

¿Qué dice la comunidad internacional sobre estas presiones?

La OCDE expresó preocupación por el hostigamiento a fiscales y procuradores del caso Lava Jato y pidió al Perú garantizar su independencia. Carrión señaló que su destitución se da precisamente bajo presiones políticas.

¿Qué procesos quedan en curso tras su salida?

La remoción ocurre en momentos clave: el juicio contra Martín Vizcarra por presuntos sobornos en Moquegua y el inicio del juicio oral contra Susana Villarán por aportes de Odebrecht y OAS. En adelante, otros procuradores asumirán la representación del Estado.

Silvana Carrión denunció que Rafael López Aliaga pidió su destitución como procuradora ad hoc del caso Lava Jato y que Renovación Popular presionó al Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado para lograrlo. Afirmó que recibió intimidaciones directas del alcalde mediante mensajes y que incluso se lanzaron campañas mediáticas en su contra. Carrión indicó que se le cortaron accesos institucionales antes de notificarse su salida y advirtió que los procesos de Lava Jato sufrirán retrasos. Su gestión dejó más de S/310 millones cobrados en reparaciones civiles a favor del Estado.

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