Boluarte se retira de caso Cofre y deja proceso ante el Congreso

La presidenta Dina Boluarte decidió desistirse formalmente de la apelación que su defensa había interpuesto contra la decisión del Poder Judicial que permitió la continuación de la investigación preliminar fiscal en su contra por el denominado “caso Cofre”. Su abogado, Juan Carlos Portugal, explicó ante la Sala Penal Permanente que no había motivo para insistir en la apelación, ya que el Ministerio Público presentó el pasado 16 de mayo una denuncia constitucional contra la mandataria y su entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“No había necesidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto porque el caso concluyó. Se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde mayo de este año”, explicó el letrado durante la audiencia. La decisión fue aceptada por el tribunal, presidido por el juez César San Martín, dejando el proceso exclusivamente en manos del Congreso.

¿Qué implica el retiro de esta apelación en el proceso del caso Cofre?

Según el razonamiento de la defensa, el desistimiento responde a un cambio de escenario jurídico. “Si es que el caso se denuncia al Congreso de la República, la fiscalía pierde competencia. Por esa razón hemos desistido”, señaló Portugal, dejando claro que, para el equipo legal de Boluarte, ya no correspondía un pronunciamiento judicial.

La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación se fundamenta en la presunta responsabilidad de Boluarte en el delito de encubrimiento personal. Según la hipótesis fiscal, la presidenta habría ordenado el uso indebido del vehículo presidencial conocido como “El Cofre” para facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia.

¿Qué dice la acusación fiscal y qué cargos involucra?

El Ministerio Público acusa a Dina Boluarte de haber instruido el desplazamiento del vehículo oficial hacia el condominio Asia del Sur, zona en la que se realizaban operaciones policiales para localizar a Cerrón. El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, también ha sido denunciado por presunta omisión de denuncia, ya que —según la Fiscalía— habría conocido los hechos y no los comunicó a la autoridad competente.

La investigación apuntaba al presunto uso de bienes del Estado para proteger a un prófugo, lo que configura encubrimiento personal en el caso de Boluarte. Con el retiro de la apelación, se consolida el traslado del expediente al fuero parlamentario.

¿Cómo ha reaccionado el Congreso frente a esta denuncia?

Aunque la denuncia fue remitida al Parlamento en mayo, hasta la fecha la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha programado su revisión. El congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, criticó la demora y exigió que se acumulen y avancen todas las investigaciones pendientes: “No es solo el caso Cofre… son siete denuncias que existen y muchas más. Dina Boluarte no tiene una razón más para estar en Palacio de Gobierno porque vemos su incapacidad total”.

Por su parte, Edwin Martínez, de Acción Popular, expresó su preocupación por el impacto político del caso: “Yo estoy de acuerdo con lo que dice ella, pero ¿cómo cortas el escándalo? ¿Huyendo? Enfrentando el problema, y con eso vamos a saber quién dice la verdad”.

¿Qué efecto político tiene este desistimiento?

Aunque se trata de una decisión legal, el retiro de la apelación puede interpretarse como una estrategia política para ganar tiempo o evitar un pronunciamiento judicial que fortalezca la denuncia fiscal. Al quedar la denuncia exclusivamente en manos del Congreso, será el fuero parlamentario el que decida si procede o no una acusación constitucional, lo que permitiría iniciar un proceso de inhabilitación.

Este movimiento ha sido observado con atención por distintas bancadas, pues la presidenta acumula múltiples investigaciones y cuestionamientos.

¿Hay otras denuncias pendientes contra Dina Boluarte?

Sí. El caso Cofre no es el único proceso que involucra a la mandataria. Existen al menos siete denuncias constitucionales, entre ellas las vinculadas a presuntas contrataciones irregulares, uso indebido de recursos públicos y otros hechos bajo investigación fiscal.

En este contexto, algunos legisladores han planteado que la Subcomisión debería consolidar los casos y establecer un cronograma de evaluación con urgencia. No obstante, el avance depende de la voluntad política de los grupos parlamentarios que integran la instancia legislativa.

¿Qué rol tiene el Congreso ahora?

Tras el desistimiento de Boluarte, el Congreso es el único órgano facultado para continuar el proceso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá revisar la denuncia presentada por la Fiscalía y, si la admite a trámite, pasarla a la Comisión Permanente y luego al Pleno. Este proceso puede derivar en una eventual suspensión o inhabilitación si se aprueba la acusación.

En paralelo, la ciudadanía y la comunidad política observan con atención si el Parlamento actuará con celeridad y objetividad, o si el caso quedará estancado entre procedimientos burocráticos.