Benavides: compras de patrulleros en La Libertad generan dudas
El especialista Roberto Benavides señaló que la compra de patrulleros en La Libertad muestra precios elevados y posibles irregularidades
El experto en contrataciones públicas, Roberto Benavides, cuestionó la compra de patrulleros realizada por el Gobierno Regional de La Libertad, tras detectar diferencias de precios frente a adquisiciones similares en Áncash. Según dijo, los costos en La Libertad son casi el doble, pese a que se trata de vehículos con características semejantes.
Benavides comentó que llama mucho la atención la magnitud de la diferencia en los precios. Se habla de tres millones frente a un millón y medio, con el argumento de GPS o mantenimiento.
¿Se fraccionó la compra?
El especialista también señaló que dividir la adquisición en dos contratos podría ser un fraccionamiento indebido, algo que la normativa prohíbe porque genera sobrecostos. “La entidad debe pensar en su propio beneficio y no en decisiones que encarezcan la compra”, explicó.
¿Quiénes son responsables?
Para Benavides, el comité seleccionador es el principal responsable, aunque el gobernador regional no puede desconocer lo ocurrido. “Debe tener, al menos, una visión general de los proyectos. Aquí no ha habido la debida diligencia”, indicó.
El experto advirtió que muchas veces se designa a funcionarios por amiguismos partidarios y no por méritos técnicos. Esta práctica, dijo, afecta directamente la calidad de las obras. “Cuando se pone a personas sin preparación, las cosas no salen bien”, expresó.
¿Qué debería pasar ahora?
Benavides insistió en que la Contraloría debe intervenir para revisar el caso y, si encuentra hechos con indicios penales, derivarlo a la Fiscalía. Además, recomendó que el gobierno regional refuerce sus oficinas de control interno y de integridad para detectar irregularidades a tiempo.
Lo que exige la nueva ley
Finalmente, recordó que la nueva Ley de Contrataciones obliga a pensar en estrategias de compra basadas en el valor por el dinero público. “No se trata solo de ejecutar procesos, ahora se pide una planificación real”, puntualizó.
El especialista agregó que irregularidades como estas no solo afectan el uso eficiente de los recursos, sino también la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Por eso pidió que los procesos sean transparentes y mejor fiscalizados, para que cada sol invertido beneficie a los vecinos.