Baltazar Garzón: Perú debe acelerar investigación sobre esterilizaciones forzadas
El jurista español también dijo que de llegar a la presidencia, Keiko Fujimori no podría indultar a su padre
El exmagistrado de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón instó al Estado peruano a acelerar la investigación sobre el caso de las esterilizaciones forzadas durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) y aseguró que Keiko Fujimori está inhabilitada para indultar a su padre en un eventual Gobierno.
"La única forma de saber efectivamente si el Estado es culpable de las esterilizaciones forzadas es con una investigación", manifestó Garzón en declaraciones publicadas por la agencia oficial Andina.
Durante su intervención en el cuarto Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, que se celebró los días lunes y martes, Garzón incidió en que "es necesario conocer quién autorizó el programa de esterilizaciones y cómo se hizo".
El exmagistrado cuestionó que las denuncias no hayan progresado veinte años después de que ocurrieran los hechos y que ni siquiera se haya aplicado ninguna reparación integral a las mujeres afectadas.
"Considero que el Estado peruano debe desarrollar un programa de capacitación y sensibilización en derechos humanos y reproductivos a los funcionarios de los diversos escalafones que se tengan para cumplir de manera efectiva con la distribución de justicia", añadió.
La investigación de las esterilizaciones forzadas se encuentra actualmente a cargo de la fiscal supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, y abarca las denuncias de 2.074 personas.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas intervenciones se practicaron mediante presuntos engaños y coacciones.
En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar una decisión tomada en enero de archivar el caso, después de que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y al menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se habían encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.