Archivan denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protestas
La medida deja sin efecto la acusación fiscal que involucraba también a exmiembros del gabinete ministerial.
La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra la exmandataria Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales de su gobierno. El pronunciamiento se formalizó tras aprobarse el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaró improcedente el recurso presentado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La decisión judicial-política se dio a conocer este miércoles en el Palacio Legislativo, frenando el proceso que investigaba los fallecimientos ocurridos en diversas movilizaciones ciudadanas. El dictamen dejó sin efecto las imputaciones por presuntos delitos de lesiones graves y violación de derechos humanos que pretendían llevar a la exjefa de Estado hacia un juicio político.
¿Por qué se archivó la denuncia por las protestas?
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinó que la denuncia penal formulada por el Ministerio Público carecía de los requisitos técnicos necesarios para su admisión. De acuerdo con la explicación de la congresista Gladys Echaíz, la improcedencia se dictó por la falta de adecuación de la denuncia a los presupuestos materiales de las normas penales y constitucionales, aclarando que no es un fallo que analice el fondo del caso.
El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, refirió que el expediente pasa al archivo debido a que la acusación original no mostraba el sustento legal exigido por el reglamento parlamentario. La resolución beneficia de forma directa a la expresidenta al detener las investigaciones en el fuero legislativo por los hechos ocurridos entre fines de 2022 e inicios de 2023.
¿A qué ministros de las protestas beneficia el fallo?
La declaración de improcedencia del Parlamento alcanza a seis exmiembros del Poder Ejecutivo que ejercieron funciones durante las movilizaciones en el territorio nacional. Entre los exministros comprendidos en el archivamiento se encuentran los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola Peñaranda, señalados inicialmente por presunta omisión de funciones.
La medida del Congreso de la República también extingue el proceso contra los exministros del Interior César Cervantes, Vicente Romero y Víctor Rojas, así como contra el extitular de la cartera de Defensa Jorge Chávez Cresta. Todos ellos quedan liberados del trámite de antejuicio político que buscaba habilitar una acusación formal ante el Poder Judicial por las acciones de las fuerzas del orden.
¿Qué consecuencias dejó el debate sobre las protestas?
La resolución de la Comisión Permanente provocó posturas divididas entre los legisladores al cerrarse la vía parlamentaria para sancionar las responsabilidades de la gestión presidencial. El congresista Edgard Raymundo calificó la medida como un mensaje negativo para la ciudadanía, señalando que el Congreso evitó un pronunciamiento institucional sobre los sucesos ocurridos en el país.
Los fallecimientos bajo investigación ocurrieron principalmente en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima durante los primeros meses del régimen de Boluarte. Al quedar ratificado el archivo de plano de la denuncia constitucional, se cancela la posibilidad de que el Pleno debata una eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos contra los denunciados.
El Congreso de la República declaró improcedente la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y seis exministros por las más de 40 muertes registradas en las protestas de 2022 y 2023. La Comisión Permanente archivó el caso debido a fallas técnicas y de adecuación normativa en el recurso de la fiscalía, impidiendo que el proceso pase al Pleno para evaluar una inhabilitación