Apurímac: investigan a expdte. de Corte y esposa por corrupción
La Policía Nacional del Perú y la Dircocor intervinieron al magistrado José Tinco Luján junto a su cónyuge Elionora Yntusca Janampa por presunto tráfico de influencias.
El magistrado José Tinco Luján, ahora expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, y su esposa, Elionora Yntusca Janampa, son investigados por las autoridades de justicia peruana debido a su presunta participación en una red de corrupción y tráfico de influencias.
De acuerdo con las indagaciones de la Dirección contra la Corrupción, la pareja lideraba una organización encargada de realizar cobros irregulares a magistrados y negociar sentencias judiciales en la región.
Durante un operativo ejecutado por las fuerzas del orden, las autoridades detuvieron a los principales implicados junto a tres funcionarios administrativos del distrito judicial.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que Yntusca Janampa utilizaba su posición como presidenta del Comité de Damas de la institución para presionar a los jueces provisionales y exigir fallos a favor de procesados por delitos de colusión.
Las indagaciones técnicas de la Oficina de Control de la Magistratura detectaron transferencias bancarias directas dirigidas hacia las cuentas de la cónyuge del alto funcionario del Poder Judicial. Los agentes policiales procedieron con el traslado de los detenidos hacia la capital de la República para continuar con el desarrollo de las diligencias fiscales.
¿Cómo operaba la red de corrupción en la Corte Superior de Justicia de Apurímac?
La red de corrupción operaba mediante la presión sistemática a los magistrados para modificar el sentido de las resoluciones en procesos vinculados a malversación de fondos públicos.
De acuerdo con el expediente fiscal, Elionora Yntusca Janampa exigía el dictamen de fallos favorables para procesados por colusión en la ejecución de proyectos de saneamiento en Andahuaylas. Las grabaciones de audio revelaron que aquellos jueces que rechazaban las directivas de la cónyuge eran removidos de sus cargos por disposición del presidente de la institución.
Asimismo, la Dirección contra la Corrupción determinó la existencia de irregularidades en la designación directa de jueces penales y civiles que no cumplían con los requerimientos legales establecidos.
Las pesquisas documentales señalan que se facilitaba el nombramiento de familiares y allegados vinculados a un estudio jurídico local a cambio de beneficios económicos permanentes.
La organización contaba con la participación del jefe de Imagen Institucional, Mario Ramos Anampa, quien coordinaba la difusión de información falsa para desprestigiar a los magistrados opositores.
¿Qué detenciones ejecutó la Policía Nacional del Perú en el operativo de Apurímac?
La Policía Nacional del Perú ejecutó la captura del presidente de la Corte, José Tinco Luján, y de su esposa en cumplimiento de una orden de detención preliminar de la judicatura.
Durante el desarrollo del operativo conjunto entre la Dirin y la Digimin, las fuerzas del orden intervinieron al coordinador de servicios judiciales, Alexander Puma Valverde. Los efectivos policiales también detuvieron al coordinador de Recursos Humanos de la sede judicial, Marco Antonio Ceron Trujillo, por facilitar el ingreso de personal no calificado.
El jefe de la Dirección contra la Corrupción, general Walter Ramos, informó que la presunta organización criminal se encuentra inmersa en al menos 14 hechos delictivos bajo investigación.
Los peritos informáticos incisaron los dispositivos móviles de los investigados tras confirmarse que las comunicaciones internas abordaban el manejo irregular de expedientes judiciales en Abancay. Las autoridades policiales dispusieron el despliegue de medidas de protección para los trabajadores de la corte que brindaron sus testimonios bajo la condición de testigos protegidos.
¿Qué amenazas recibieron las autoridades a cargo de la investigación fiscal?
Las amenazas registradas en el marco de la investigación fiscal estuvieron dirigidas contra el capitán de la Policía Nacional del Perú, Miguel Ítalo Aliaga Camacho, encargado de liderar las pesquisas de la Dircocor.
Los reportes de inteligencia consignaron mensajes amedrentadores remitidos por terceras personas para intentar frenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados. Los colaboradores del sistema de justicia denunciaron ante el Ministerio Público la recepción de llamadas coactivas orientadas a impedir la entrega de los comprobantes de depósitos bancarios.
Ante esta situación, el jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, coronel José Santillán, ratificó que las unidades especializadas continuarán con las diligencias institucionales sin ceder a las intimidaciones.
Las declaraciones de los trabajadores judiciales integradas al expediente confirman que los actos de hostigamiento incluían humillaciones públicas en las sedes institucionales de Andahuaylas y Cotabambas. El Poder Judicial evalúa el pedido de prisión preventiva para los cinco funcionarios capturados mientras se ejecutan las auditorías en las plazas laborales vigentes.