Aprueban el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028
El Ministerio de Justicia encargó al Instituto Nacional Penitenciario y a diversas direcciones la aplicación de medidas de control y asistencia legal en cárceles.
El Gobierno aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 a través de una norma oficial publicada hoy en el boletín extraordinario de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
El proceso de deshacinamiento tiene como finalidad central la reducción progresiva de la sobrepoblación crítica existente dentro del sistema carcelario del país. La medida jurídica se encuentra alineada con los objetivos institucionales fijados en la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
La Resolución Ministerial 0203-2026-JUS define que la prioridad gubernamental radica en elevar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad.
Las acciones contempladas para este deshacinamiento buscan además potenciar el orden, el control interno y los sistemas de seguridad en las prisiones peruanas. La aplicación de la norma ministerial compromete los recursos de diferentes órganos adscritos al sector de justicia nacional.
¿Qué entidades ejecutarán el plan de deshacinamiento?
El Instituto Nacional Penitenciario, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y la Dirección de Gracias Presidenciales ejecutarán coordinadamente el plan de deshacinamiento. Las tres dependencias públicas asumirán la responsabilidad directa de articular las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines de la norma.
El seguimiento y monitoreo permanente de la implementación de estas políticas estará a cargo de la Dirección de Política Criminológica.
Las oficinas del sector justicia adecuarán sus planes operativos para agilizar los trámites correspondientes a la población penal del país. Los equipos especializados en materia criminológica presentarán reportes periódicos que midan el impacto directo de las decisiones gubernamentales en la densidad carcelaria.
El trabajo integrado de estas direcciones del Estado busca agilizar las evaluaciones técnicas requeridas para el cumplimiento legal del programa penitenciario.
¿Cuál es el plazo para definir los mecanismos de control?
El Instituto Nacional Penitenciario tiene un plazo de 15 días hábiles para elaborar los instrumentos técnicos y los mecanismos de reporte del plan. La elaboración de estas guías metodológicas se desarrollará en coordinación directa con la Dirección General de Asuntos Criminológicos de la institución ministerial.
El conteo de los días asignados por la ley se iniciará de forma oficial desde el día posterior a la publicación del documento.
Las herramientas de monitoreo técnico permitirán fiscalizar el avance cuantitativo de las medidas adoptadas para contrarrestar la sobrepoblación en las celdas. Los reportes periódicos servirán para evaluar el rendimiento de los funcionarios a cargo de la gestión de los centros penitenciarios del territorio nacional. Los parámetros de medición se integrarán a los sistemas informáticos de la administración penitenciaria actual.
¿Qué rol cumplen las alianzas de asistencia jurídica?
El Instituto Nacional Penitenciario promoverá alianzas estratégicas para fortalecer la capacidad de operación de las defensorías dentro de las prisiones nacionales. Esta iniciativa busca expandir el alcance de los servicios estatales de orientación, asistencia permanente y patrocinio legal gratuito para los internos. El acceso a una defensa técnica oportuna forma parte de las estrategias complementarias para el deshacinamiento de los penales.
La ampliación de las coberturas de asistencia jurídica facilitará la revisión de los expedientes de las personas privadas de la libertad en las regiones. El texto legal que aprueba estas reformas lleva la rúbrica del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra. La firma de Jiménez consolida las políticas normativas del sector destinadas a garantizar la resocialización efectiva y el respeto a la dignidad humana.
El Gobierno formalizó la aprobación del Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 mediante la Resolución Ministerial 0203-2026-JUS publicada en El Peruano. La estrategia multisectorial cuenta con la firma del ministro Luis Enrique Jiménez Borra y encarga la ejecución operativa al Instituto Nacional Penitenciario, la Dirección de Defensa Pública y la Dirección de Gracias Presidenciales. El Instituto Nacional Penitenciario dispone de 15 días hábiles para diseñar las herramientas técnicas de monitoreo junto a la Dirección General de Asuntos Criminológicos, promoviendo alianzas estratégicas que amplíen los servicios de asistencia legal y patrocinio en las prisiones.