APP exige investigar a Juan José Fort por caso Procompite

El vocero de Alianza Para el Progreso (APP), Elio Riera, pidió públicamente que la Fiscalía actúe de inmediato frente al caso de Juan José Fort Cabrera, exfuncionario del Gobierno Regional de La Libertad y exmilitante del partido. Según un reportaje de Cuarto Poder, Fort habría solicitado pagos a empresarios a cambio de ayudarlos a acceder al programa estatal Procompite, que otorga fondos no reembolsables.

Riera aseguró que los indicios son contundentes y que las comunicaciones de personas presuntamente contactadas por Fort ya están siendo puestas a disposición del Ministerio Público. “Tiene que ponerse a disposición de la Fiscalía. No tiene autorización para usar el nombre de APP ni de César Acuña”, señaló.

¿Qué se sabe sobre los pagos que habría solicitado Fort?

El reportaje reveló testimonios de empresarios que admitieron haber pagado entre cinco mil y veinticinco mil soles para acceder a los beneficios de Procompite. Este programa público está destinado a apoyar a pequeñas y medianas empresas con dinero del Estado.

“Los elementos probatorios presentados por esta casa televisiva son claros”, sostuvo Riera. Según el vocero, el propio gobernador regional César Acuña considera que se trata de un caso de corrupción evidente y que se debe llegar hasta las últimas consecuencias.

¿Fort actuaba como operador político del partido?

Riera señaló que Fort no solo habría cobrado por facilitar el acceso a fondos, sino que también, presuntamente, ofrecía gestionar licitaciones públicas presentándose como operador con llegada al gobernador Acuña y al partido. “Tengo llamadas y mensajes de personas que hacen referencia a que el señor Fort nos habría contactado antes y después del reportaje”, declaró.

Estas acciones, de acuerdo con Riera, fueron realizadas sin ningún tipo de autorización y representan una usurpación del nombre y representación del partido. “Quiero trasladar este mensaje del señor Acuña: el señor Fort no tiene ningún tipo de autorización”, enfatizó.

¿Qué hizo APP tras conocer la denuncia?

APP decidió expulsar a Juan José Fort del partido apenas se conoció el contenido del reportaje. También fue separado de su cargo en el Gobierno Regional de La Libertad. “APP inmediatamente dispuso la expulsión de este militante. A nivel administrativo no se puede hacer más. Ya corresponderá a la Fiscalía”, afirmó el vocero.

Además, Riera informó que el partido ha entregado a la Fiscalía todas las comunicaciones recibidas de personas que habrían sido contactadas por Fort. “Desde que soy vocero del partido, mi teléfono no ha dejado de sonar con respecto a este tipo de cuestionamientos”, dijo.

¿Cómo funciona el programa Procompite?

Procompite es un programa que entrega financiamiento público no reembolsable a pequeños y medianos empresarios con proyectos en regiones del país.

En este caso, el programa en La Libertad administraba alrededor de 58 millones de soles. Según la denuncia, Fort aprovechaba su cargo para exigir sobornos a cambio de facilitar el acceso a esos fondos.

“El reportaje fue sumamente contundente”, declaró Riera. Si bien Fort tiene derecho a defensa, el vocero considera que las evidencias periodísticas y las declaraciones de empresarios afectados ameritan una investigación fiscal urgente.

“Sea un millón de soles, un sol o diez soles, es dinero del Estado y no se puede utilizar para fines personales”, añadió.

¿Quién era Juan José Fort dentro de APP y el gobierno?

Antes de su salida, Fort ocupaba dos cargos de peso: gerente regional de Producción en el Gobierno Regional de La Libertad y coordinador político de APP en Trujillo. Su cercanía con el entorno político de César Acuña lo convertía en una figura influyente.

“El señor Acuña apenas tomó conocimiento de ello, emitió un mensaje y se procedió con la expulsión”, sostuvo Riera. Explicó que actos como estos suelen producirse en secreto, lo que impide detectarlos hasta que se hacen públicos por denuncias o investigaciones.

¿Hay otros casos cuestionables vinculados al gobierno regional?

En la entrevista también se habló del caso de Lucero Coca, una joven de 23 años sin experiencia profesional que obtuvo contratos por más de 300 millones de soles con el gobierno regional.

Su empresa habría logrado esas adjudicaciones poco tiempo después de que su padre registrara una visita al despacho del gobernador.

Riera señaló que el hecho debe ser revisado por la Contraloría. “La ley actual lo permite. Si es legal, no es sancionado penalmente, nos guste o no nos guste”, dijo.

Además, explicó que la normativa de contrataciones públicas fue modificada en 2023, habilitando la participación de empresas jóvenes.

¿César Acuña sabía de estos casos?

Riera negó que el gobernador regional y líder de APP tuviera conocimiento previo de las acciones de Fort o de otras posibles irregularidades. “Cada persona es responsable en su cargo. El señor Acuña no puede fiscalizar individualmente a todos los gerentes”, indicó.

Ante las críticas, comparó la situación con lo que podría pasar con un ministro del gobierno central. “Es como decir que la presidenta es responsable por un acto de corrupción de algún ministro. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía”, concluyó.

El vocero de Alianza Para el Progreso (APP), Elio Riera, solicitó formalmente que la Fiscalía investigue al exfuncionario Juan José Fort por su presunto rol en el cobro de sobornos a empresarios interesados en acceder al programa estatal Procompite. El pedido surge tras un reportaje de Cuarto Poder que reveló cómo Fort, entonces gerente regional de Producción en La Libertad, habría exigido pagos a cambio de financiamiento público.

Además, Riera denunció que Fort se presentaba como operador político con llegada al partido y al gobernador César Acuña, sin tener autorización. APP lo expulsó y entregó las pruebas al Ministerio Público. También se abordó el caso de Lucero Coca, quien ganó contratos millonarios pese a no tener experiencia, hecho que Riera consideró legal pero preocupante. La nota concluye con un deslinde claro de responsabilidad por parte de APP, insistiendo en que cada funcionario debe responder por sus actos.