Antaip: informes de Boluarte sobre aumento de sueldo son públicos

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antaip) concluyó que los informes técnicos que sustentan el eventual aumento del salario de la presidenta Dina Boluarte son, por regla general, de naturaleza pública. Esta opinión consultiva fue solicitada por el diario El Comercio ante la negativa del Ejecutivo de brindar acceso a dichos documentos.

En su dictamen, la Antaip determinó que tanto las remuneraciones de funcionarios públicos como los documentos que respaldan cambios en estas deben ser accesibles, ya que no corresponden a procesos deliberativos de decisiones de gobierno sino a actos administrativos.

Por lo tanto, no se puede invocar el artículo 17 de la Ley de Transparencia para justificar su reserva. ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administran los recursos públicos y bajo qué criterios se toman decisiones que los afectan directamente”, concluye el informe.

Consultado por Canal N, Sebastián Ortiz, periodista de El Comercio, explicó que la solicitud se hizo luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) denegaran la entrega de tres informes técnicos bajo el argumento de que estaban protegidos por el proceso deliberativo.

“Lo que hicimos fue apelar ante el Tribunal de Transparencia y, además, solicitar una opinión consultiva a la Antaip para saber si el Ejecutivo había aplicado correctamente el artículo 17”, detalló.

La respuesta, precisó Ortiz, fue clara: el gobierno no interpretó correctamente la norma. “La autoridad señaló que el aumento de sueldo no constituye una decisión de gobierno, sino una decisión meramente administrativa, que debe ser de conocimiento público”, afirmó. Añadió que al tratarse de altos funcionarios como la presidenta, no se puede alegar reserva respecto a sus ingresos.

Ortiz indicó que el dictamen de Antaip será incorporado en su apelación ante el Tribunal de Transparencia. “Esperamos una resolución en los próximos días. Si el tribunal nos da la razón, el Ejecutivo tendría que entregar la información, salvo que judicialice el tema”, agregó.

En el documento consultivo, la Antaip enfatiza que los instrumentos de gestión como el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) o el Presupuesto Analítico del Personal (PAP), así como los informes técnicos y memorandos que sustentan aumentos salariales, deben estar a disposición de la ciudadanía.

De igual manera, la autoridad subraya que los ingresos de funcionarios públicos no pueden ser considerados confidenciales bajo el argumento de privacidad personal, ya que el interés público prevalece dada la responsabilidad en el manejo de fondos estatales.

Estas herramientas no buscan resolver problemas sociales sino regular aspectos administrativos, por lo que no encajan en el supuesto de “decisiones de gobierno”.

La controversia se remonta al 10 de junio, cuando el Despacho Presidencial rechazó entregar los documentos requeridos por El Comercio, argumentando que aún estaban en debate y que su publicación podría generar “presión política y mediática” que afecte la deliberación del Consejo de Ministros.

En su carta de respuesta, Palacio de Gobierno incluso cuestionó a los medios de comunicación por informar sobre el caso, acusándolos de generar “percepciones distorsionadas” y poner en riesgo la objetividad del proceso.

Esta reacción fue criticada por especialistas en acceso a la información, quienes recordaron que la transparencia es un principio fundamental del Estado.

El periodista Sebastián Ortiz también recordó que no es la primera vez que el Ejecutivo clasifica documentos como reservados para impedir su difusión. En 2023, la Presidencia se negó a entregar datos sobre las rutas del vehículo oficial de la mandataria.

“No hay una intención real de transparentar decisiones de gobierno, especialmente si son impopulares como un aumento de sueldo”, sentenció.

Actualmente, la aprobación del incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte sigue pendiente en el Consejo de Ministros. Según se conoció, la propuesta consistiría en duplicar el salario presidencial de 16 mil a cerca de 36 mil soles mensuales. La medida ha generado críticas, especialmente por tratarse de una presidenta con una aprobación ciudadana inferior al 5 %, según las últimas encuestas.

Aunque la opinión de la Antaip no es vinculante, sí podría marcar un precedente para futuros pedidos de acceso a la información. En tanto, el Tribunal de Transparencia continúa evaluando la apelación presentada por El Comercio y se espera una decisión en los próximos días.

La Antaip recordó que el Estado tiene el deber de rendir cuentas a la ciudadanía y que la transparencia es esencial para fortalecer la confianza en las instituciones. “La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administran los recursos públicos y bajo qué criterios se toman decisiones que los afectan directamente”, concluye el informe.