Agresiones a policías reflejan crisis del principio de autoridad
Una pareja que atacó a dos policías de tránsito en el centro de Lima quedó libre tras decisión del Poder Judicial. La agresión ocurrió frente a sus hijos y fue grabada. La indignación crece
Una intervención de rutina terminó en violencia. Una pareja fue grabada agrediendo a dos suboficiales de tránsito en pleno centro de Lima. Iban en una moto sin chaleco ni cascos, llevaban a sus hijos sin protección, e intentaron escapar. Golpes, jalones de cabello y empujones quedaron registrados en video.
Las policías Victoria Aquino y Lucero Príncipe lograron cumplir con su labor pese a los ataques. Pero la sorpresa llegó horas después: el Poder Judicial liberó a los agresores con comparecencia restringida.
¿Qué pasó con los agresores?
Abigail Fernanda Pantoja y Jefferson Juscamayta quedaron en libertad por decisión del Segundo Juzgado de Flagrancia de Lima Centro. La Fiscalía consideró que se trató de una “resistencia pasiva”, pese a los videos que muestran violencia física.
Para la Policía Nacional y sus defensores, esta decisión es un golpe más al respeto a la autoridad. El general en retiro Máximo Ramírez expresó su indignación. "Esto no es resistencia pasiva, es violencia directa", sostuvo.
¿Por qué preocupa este tipo de fallos?
El fallo judicial ha generado indignación porque, pese a la gravedad del hecho, no hubo consecuencias inmediatas. Desde el Ministerio del Interior, el ministro Carlos Malaver respaldó públicamente a las policías agredidas y reconoció la complejidad de su labor.
El psicólogo Jorge Yamamoto alertó sobre una crisis de valores. "Sin consecuencias claras, el respeto a la autoridad se pierde. Y eso se aprende desde casa", afirmó.
¿Qué se espera ahora?
La Corte Suprema actualizó en abril los criterios legales para estos casos. Según el juez Carlos Zavaleta, si se reconoce el daño a un agente policial, la sanción debería ser una pena efectiva. La audiencia final será el próximo 20 de junio.
Mientras tanto, el Ministerio Público defiende su decisión alegando que la policía agredida solo tuvo cinco días de incapacidad legal. El caso recuerda otros similares, donde agresores fueron liberados pese a evidencias.