Víctor García Toma acerca de proyecto de Perú Libre sobre medios: No es constitucional por varias razones

Expresidente del Tribunal Constitucional aseguró que “la primera es porque confunde un concepto básico que es el referido al de la necesidad pública”

Víctor García Toma dice que proyecto de Perú Libre sobre medios no es constitucional por varias razones. Foto:

El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, dijo que el proyecto de Perú Libre sobre medios de comunicación “no es constitucional por varias razones”.

García Toma aseguró que “la primera es porque confunde un concepto básico que es el referido al de la necesidad pública”. “La ley dice que de necesidad pública. Este es un concepto que se refiere a poner límites al ejercicio de la propiedad en aras de un interés de la comunidad, como podría ser el caso de expropiar para construir un hospital, una carretera, ir a un mercado, etc. En consecuencia, no encaja dentro del ámbito de la radiotelefonía”, sostuvo.

“Lo segundo, es que señala que es un servicio público. Si es un servicio público, al Estado, en relación a ese servicio público, le caben alguna de estas tres opciones. Ser un prestador, que no lo puede ser porque la actividad del Estado en este caso tiene que ser subsidiaria y ya la cumple a través de canal 7, un regulador o un fiscalizador”, añadió.

A su vez, indicó que, “en el caso de la fiscalización, en relación a todo lo que significan derechos de comunicación, son expos”. “Es decir, una vez que la información o la opinión ha sido emitida, esta puede ser valorada jurisdiccionalmente, pero no antes, no se pueden controlar los contenidos. Y en cambio aquí se habla que la justificación de esta ley tiene que ver con el funcionamiento eficiente. El funcionamiento eficiente es una responsabilidad de la empresa, de la empresa que dirige el medio, si es más o menos eficiente porque estamos, digamos, estamos en el ámbito de la competitividad”, manifestó.

“Luego existen expresiones preocupantes, como por ejemplo que tiene que tener un carácter democrático y que tiene que garantizar la objetividad. Los únicos que puede garantizar la objetividad aquí aparte del propio medio son los usuarios, los consumidores, quienes determinarán qué programas y qué contenidos aceptan y cuáles no. En consecuencia, aquí la intervención del Estado entra por terrenos bastante peligrosos. Y, por último, es una ley gambito porque a lo que apunta es a una nueva ley de radiodifusión y que a diferencia de los casos anteriores ya no solamente vincula a la radio y la televisión, sino a los demás medios, que son aquellos que actualmente están haciendo los jóvenes”, agregó.

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