Procuraduría participará en juicio por Rutas de Lima
La participación fue autorizada tras la presión pública y el fallo del Tribunal de Transparencia. El caso se ventila en una corte de Nueva York y busca esclarecer la relación entre Odebrecht y Brookfield.
La Procuraduría General del Estado dispuso que la procuradora Silvana Carrión, encargada del caso Odebrecht, forme parte del equipo legal que representará al Estado peruano en la demanda interpuesta por la Municipalidad de Lima contra Brookfield, accionista de Rutas de Lima, ante una corte del Distrito Sur de Nueva York.
Esto marca un giro en la posición de la propia procuradora, quien días antes había indicado que el marco legal peruano no le otorgaba facultades para intervenir en este tipo de procesos en el extranjero.
¿Cuál es la acusación central contra Brookfield?
La demanda sostiene que la firma canadiense Brookfield habría adquirido participación en Rutas de Lima con conocimiento previo de los presuntos actos de corrupción cometidos por Odebrecht. Por eso, la Municipalidad busca que la justicia estadounidense responsabilice también a este accionista por las irregularidades detectadas en la concesión vial.
¿Cómo se estructurará la defensa legal?
Según la Resolución D000601-2025-JUS/PGE-PG, el Estado contará con una defensa colegiada encabezada por la procuradora pública adjunta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien asumirá la coordinación legal. Esta deberá reportar periódicamente los avances procesales a la Procuraduría General del Estado.
La participación de Silvana Carrión no generará gastos adicionales al Estado y se enfocará en asegurar una representación técnica, especializada y articulada en este proceso complejo.
¿Qué rol cumple el Tribunal de Transparencia en este caso?
La Procuraduría solo accedió a responder luego de que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia ordenara que se clarifiquen las acciones del Estado en este juicio internacional. La exigencia de participación surgió por el impacto público del caso Rutas de Lima, y la necesidad de salvaguardar los intereses del Perú en el extranjero.











