¿En qué consiste la propuesta para retirar fondos públicos a los partidos?
Iniciativa de Norma Yarrow plantea derogar la entrega de fondos públicos y la franja electoral a partidos
Presentan proyecto de ley para eliminar el financiamiento estatal y la franja electoral a los partidos políticos. La propuesta de Norma Yarrow busca destinar esos fondos a salud, educación y seguridad. Foto: Congreso. Video: Canal N
La parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) presentó una iniciativa legislativa orientada a cortar el financiamiento estatal directo e indirecto que reciben las agrupaciones políticas en el Perú. El proyecto de ley plantea derogar los artículos de la Ley de Organizaciones Políticas que regulan la asignación de dinero público para el funcionamiento de los partidos con bancada en el Congreso y la contratación de publicidad electoral a través de la franja transmitida en medios de comunicación.
La exposición de motivos de la propuesta resalta que los recursos del erario nacional deben canalizarse hacia las necesidades urgentes de la población, tales como el acceso a agua potable, la mejora de centros de salud y la seguridad en las calles. Yarrow sostuvo que el modelo actual ha generado dudas sobre la transparencia en el uso del dinero público por parte de dirigentes y militantes partidarios. En esa línea, la parlamentaria enfatizó la urgencia de reestructurar el gasto estatal para evitar que el presupuesto nacional continúe subvencionando actividades de carácter partidario.
¿Qué cambios aplicarán en la legislación electoral?
El proyecto de ley reorganiza la estructura sancionadora de la Ley de Organizaciones Políticas, manteniendo la prohibición de aportes irregulares por parte de empresas e instituciones. Adicionalmente, dispone sanciones para las entidades públicas o privadas que omitan o dilaten la entrega de información financiera solicitada por la ONPE en los procesos de investigación y auditoría.
En el escenario de ser aprobada por la representación nacional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contará con un período de 60 días para adaptar la reglamentación electoral vigente. La iniciativa precisa que la eliminación del financiamiento estatal no generará costos adicionales para el presupuesto del país, sino que permitirá una optimización de las arcas públicas y exigirá a los partidos políticos manejarse bajo esquemas de financiamiento privado transparente.
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