Por: Redacción América Noticias

Pedro Castillo: Declaran infundada tutela de derechos para anular investigación en su contra

Con este fallo, el presidente seguirá bajo investigación de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Pedro Castillo: Declaran infundada tutela de derechos presentada por su defensa

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos presentada por la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo, que buscaba anular y dejar sin efecto la investigación preliminar en contra del jefe de Estado.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada tutela de derechos presentada por el presidente, Pedro Castillo por presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica”, publicó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.

A través de su abogado, el presidente Castillo había solicitado se anule la disposición fiscal que dispuso ampliar la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

En otro mensaje, el PJ informó que el juez Juan Carlos Checkley señala que si bien el Presidente de la República solo puede ser acusado por los supuestos que prevé el artículo 117 de la Constitución “ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables”.

¿QUÉ ES LA TUTELA DE DERECHOS?

Precisamente, la tutela de derechos es un mecanismo que utiliza la defensa de los investigados para cuestionar actuaciones del Ministerio Público o de la Policía Nacional por la presunta vulneración a los derechos constitucionales.

La defensa del jefe del Estado, representada por el abogado Benji Espinoza, argumentó que el Ministerio Público ha vulnerado los derechos del Presidente mediante cuatro actos lesivos: tres violaciones a derechos fundamentales y una garantía constitucional.

El jefe de Estado es investigado por la Fiscalía de la Nación de manera preliminar por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.