Opiniones divididas por desactivación de equipos especiales

El Ministerio Público oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales de fiscales, entre los que destaca el grupo encargado de las investigaciones del mega caso de corrupción Odebrecht. La medida, que busca unificar la estrategia de persecución penal, ha generado posturas encontradas entre exprocuradores del Estado debido al impacto en procesos que involucran a figuras políticas y empresariales.

Según informó la institución, la decisión implica que las carpetas fiscales que incluyen a jueces, fiscales, policías y empresarios pasen a una estructura unificada. Esta disposición fue analizada por especialistas que cuestionan si el cambio fortalecerá la lucha contra la corrupción o si, por el contrario, generará retrasos en procesos emblemáticos.

¿Por qué se cuestiona la decisión del Ministerio Público?

El exprocurador anticorrupción José Ugaz manifestó que el Fiscal de la Nación transitorio tiene un claro conflicto de interés al tomar esta medida. Según indicó, la autoridad ha estado vinculada a investigaciones que estaban a cargo de estos mismos grupos especializados que ahora han sido disueltos.

Ugaz advirtió que cuando las investigaciones se paralizan mediante decisiones precipitadas con motivaciones personales, se generan diversos niveles de impunidad en el país. Asimismo, señaló que estos equipos no contaron con el presupuesto ni las herramientas necesarias para desarrollar su labor de manera óptima durante el tiempo que estuvieron operativos.

Por otro lado, la medida es vista como un paso administrativo necesario por otros sectores que critican la eficiencia de estos grupos de élite. Según señaló el exprocurador, la legitimidad de la medida es el punto central del debate jurídico actual debido al alcance de las investigaciones que se encuentran en curso.

¿Cuáles son los argumentos a favor de la desactivación?

La exprocuradora Katherine Ampuero sostuvo que la eliminación de estos equipos no debería causar sorpresa entre la ciudadanía. Según informó, en décadas pasadas se crearon estructuras similares que luego fueron desactivadas, argumentando que lo normal es que estos grupos se disuelvan tras cumplir un periodo determinado.

Ampuero consideró que los resultados obtenidos por los equipos especiales del Ministerio Público no han sido los más favorables para el Estado peruano. Indicó que, pese a los diez años transcurridos en algunos casos, la mayoría de los procesos se encuentra recién en la etapa de investigación preparatoria.

Finalmente, la exprocuradora enfatizó que estos grupos demandan una significativa inversión de recursos públicos que no se ha visto reflejada en sentencias o avances concretos. Tras la desactivación, el tiempo determinará si esta medida logra agilizar las investigaciones contra la corrupción o si entorpece el avance de los casos más importantes del país.