Ollanta Humala: Fiscalía solicitó ampliar investigación en caso Madre Mía

La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó un recurso formal ante el Poder Judicial con el propósito de expandir las fronteras temporales de la investigación preparatoria abierta contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

La pretensión del órgano persecutor busca asegurar el esclarecimiento de las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la base militar de Madre Mía durante los años noventa, una época en la que el entonces oficial del Ejército Peruano ejercía la jefatura de la referida guarnición antiterrorista.

¿Cuáles son los delitos y las víctimas comprendidas en este pedido fiscal?

La solicitud de prórroga responde a las complejidades técnicas y geográficas que arrastra el caso, lo que impidió concluir el acopio de pruebas antes del vencimiento del plazo ordinario de ocho meses otorgado inicialmente por el juzgado de investigación preparatoria.

En este escenario, la fiscalía especializada considera indispensable la ampliación del calendario judicial para cumplir con diversas declaraciones testimoniales y peritajes sobre el terreno que sirvan para esclarecer la responsabilidad de Humala Tasso y de su coacusado, el exsuboficial Amílcar Gómez.

La acusación penal detalla que el expresidente es investigado formalmente bajo la presunta autoría del delito de homicidio calificado en la modalidad de asesinato en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

Paralelamente, el Ministerio Público mantiene abierta una línea de indagación contra el exlíder del Partido Nacionalista por el presunto delito de desaparición forzada, debido a las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga, quienes fueron vistos por última vez en las inmediaciones del asentamiento militar.

¿Cuándo resolverá el Poder Judicial el requerimiento de ampliación?

El control de la prórroga quedó bajo la competencia del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, liderado por el magistrado Jorge Luis Chávez Tamariz. A través de una resolución judicial provista por el pool de especialistas de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el despacho dispuso convocar a una audiencia virtual de carácter inaplazable para el lunes uno de junio de dos mil veintiséis a las de la mañana, la cual se desarrollará mediante la plataforma remota Google Meet y contará con la presencia obligatoria de los abogados defensores y del fiscal del caso.

Este nuevo frente legal se desarrolla en un contexto muy distinto al del año dos mil nueve, cuando la Corte Suprema de Justicia decretó el sobreseimiento definitivo y el archivo de las denuncias previas contra Humala tras argumentar que no existían elementos de convicción suficientes para dar inicio a un juicio oral.

Actualmente, el panorama del exjefe de Estado es severo, dado que se encuentra recluido de forma efectiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, en Ate, donde purga una condena de quince años de cárcel dictada en abril de dos mil veinticinco por el delito de lavado de activos tras comprobarse el origen ilícito de los fondos económicos que financiaron sus campañas electorales.

El Ministerio Público, mediante su fiscalía especializada en derechos humanos, requirió formalmente al Poder Judicial la ampliación del plazo para investigar al expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en la base militar de Madre Mía. El juez Jorge Luis Chávez Tamariz dispuso evaluar los argumentos de la fiscalía y de la defensa técnica el próximo lunes uno de junio en una audiencia virtual. La imputación fiscal abarca los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada en agravio de seis ciudadanos, reactivando una causa que fue archivada en el año dos mil mi nueve por la Corte Suprema. Actualmente, Humala se encuentra recluido en el penal de Barbadillo tras recibir una sentencia de quince años por el delito de lavado de activos.