¿Nuevo revés para Fiscalía? Anulan proceso contra Keiko Fujimori

El Poder Judicial decidió anular el auto de enjuiciamiento y el requerimiento acusatorio original contra Keiko Fujimori y más de 40 procesados en el caso Cócteles. La medida, tomada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, devuelve el expediente a la etapa intermedia. Esto significa que el Ministerio Público deberá presentar una nueva acusación que cumpla con los estándares constitucionales fijados por el Tribunal Constitucional (TC).

La resolución tiene un trasfondo legal concreto: en noviembre de 2024, el TC declaró nula la acusación fiscal contra José Chlimper, exdirectivo del BCR y uno de los coimputados, por violaciones al debido proceso. Esa sentencia ha generado un efecto dominó que ha llevado al juzgado penal a extender la nulidad a todos los investigados, incluida la lideresa de Fuerza Popular.

¿Qué consecuencias tiene para el caso Cócteles?

El caso Cócteles es una de las investigaciones más emblemáticas contra Keiko Fujimori. Desde 2016, la Fiscalía sostiene que la excandidata presidencial y su entorno recibieron aportes no declarados, entre ellos del conglomerado Odebrecht, para financiar su campaña de 2011 a través de cenas, rifas y otros eventos proselitistas.

La nulidad representa un nuevo obstáculo para la Fiscalía, liderada en este caso por José Domingo Pérez, quien había presentado esta semana una nueva acusación solicitando 35 años de cárcel para Fujimori por lavado de activos agravado, organización criminal y falsedad genérica. El Ministerio Público deberá ahora rehacer parte del camino procesal para que el caso pueda avanzar hacia juicio oral.

Además, la resolución deja sin efecto la posibilidad de sobreseer a uno de los investigados, José Ricardo Martin Briceño, ya que el requerimiento sobre el que se basaba su pedido también ha quedado anulado.

¿Por qué se invocó el principio de nulidad procesal?

La anulación del proceso se sustenta en normas constitucionales y legales sobre el debido proceso. El juzgado invocó el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, que garantiza la tutela jurisdiccional, y los artículos IX y X del Título Preliminar del Código Procesal Penal. También se aplicó el artículo 150 del mismo código, que establece la nulidad por inobservancia de derechos fundamentales.

Se trata de una aplicación del principio de taxatividad: una nulidad solo puede declararse cuando la ley lo permite y si el defecto causa un perjuicio irreparable. Según el juzgado, al no respetar la decisión del TC, el requerimiento acusatorio original afectó la validez procesal del caso, generando indefensión y abriendo la puerta a futuras impugnaciones.

¿Qué dijo la Fiscalía antes de conocerse la nulidad?

Horas antes de conocerse la resolución judicial, el fiscal José Domingo Pérez señaló a Canal N que la colaboración eficaz con José Miguel Castro, exfuncionario de la gestión de Susana Villarán, avanzaba pese a los cambios legislativos. “Si el TC decide que debe anularse el caso de Keiko Fujimori, es una decisión del tribunal”, señaló, en aparente anticipo al fallo que se oficializó luego.

También recordó que el acuerdo con Castro estaba próximo a concluir y que el exgerente había solicitado un defensor público, al no poder financiar su defensa privada. Con todo, la posición de Pérez ha sido clara: continuar con el caso y presentar una nueva acusación formal, como ya lo hizo el 3 de julio ante el mismo juzgado.

¿Cómo reconfigura esta decisión el escenario político y judicial?

La anulación del juicio contra Keiko Fujimori ocurre en medio de un ambiente de tensión judicial. Apenas un día antes, la Fiscalía había reformulado su acusación en el marco del mismo caso, solicitando penas más severas que las planteadas en 2022. Esta nueva imputación incluía a otros miembros clave de Fuerza Popular como Pier Figari, Mark Vito Villanella y José Chlimper, así como a las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C.

La decisión judicial no elimina la investigación, pero obliga a reestructurar el expediente desde la etapa intermedia, con nuevos plazos y evaluaciones preliminares. Esto podría implicar más demoras para un caso que lleva casi una década en proceso y que ha atravesado múltiples instancias judiciales, detenciones preventivas, excarcelaciones y apelaciones.

Para Fujimori, la decisión representa una victoria parcial, pues impide por ahora que el juicio oral se retome. No obstante, el Ministerio Público aún puede reconstruir el caso con base en los mismos hechos, esta vez siguiendo de forma estricta las directrices del TC.

¿El caso puede llegar a juicio nuevamente?

Sí. El proceso no ha sido archivado. La resolución judicial ordena que se retrotraiga el expediente a la etapa intermedia, lo cual significa que el fiscal Pérez deberá presentar una nueva acusación corregida. Si esta es admitida por el juzgado, se dictará un nuevo auto de enjuiciamiento y se convocará al juicio oral.

De hecho, esto ya está en camino. El fiscal Pérez presentó su nueva acusación esta semana, por lo que el tribunal deberá evaluarla y decidir si cumple con los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional.