Keiko Fujimori: medidas contra extorsión y crimen en Perú

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, señaló que la nación afronta un estado debilitado por la corrupción y el abandono institucional. En su diagnóstico, destacó la extorsión como un delito que afecta directamente a pequeños comerciantes, mototaxistas y emprendedores. Según las cifras oficiales del año 2024 citadas en el mensaje, el 24% de las empresas del país fueron víctimas de este flagelo.

A la par de estas estadísticas, se registran graves hechos de violencia atribuidos a este delito. Hace solo cinco días, un incendio presuntamente provocado por no ceder a la extorsión en La Victoria dejó un saldo de diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. Asimismo, la fiscalía ha registrado más de 12 mil extorsiones en lo que va del año, acompañadas de ataques armados contra vehículos de transporte público, detonación de explosivos en empresas y viviendas, y crímenes por encargo en zonas comerciales y restaurantes.

Intervención de las Fuerzas Armadas y modernización tecnológica

Para hacer frente a esta situación, la mandataria anunció que el primer objetivo de su gestión será la seguridad ciudadana. En el marco del plan de seguridad ciudadana Keiko Fujimori, se estableció que durante los estados de emergencia las Fuerzas Armadas ejercerán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y control interno, en coordinación directa con la Policía Nacional del Perú, hasta restablecer la autoridad estatal.

Asimismo, la estrategia contempla un proceso de modernización tecnológica que incluye sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para mapear el delito, herramientas de comunicación y centros de comando de respuesta rápida. Estas medidas buscarán desarticular las estructuras económicas y cabecillas de mafias dedicadas a la extorsión, sicariato, narcotráfico y minería ilegal.

Propuestas técnicas y reformas en el sistema de justicia

Por su parte, el general Alberto Jordán indicó que las organizaciones criminales han actuado con libertad debido a la falta de comunicación entre las instituciones encargadas de administrar justicia, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Frente a ello, sugirió la reunión de juristas para ordenar el marco legal, así como la unificación de unidades policiales que cumplen funciones similares para redirigir efectivos hacia las comisarías y depurar la institución de malos elementos.

El general Jordán advirtió también sobre la falta de infraestructura penitenciaria, señalando que las cárceles se encuentran hacinadas y que la construcción de nuevos penales tomará un periodo aproximado de seis meses. Respecto a las acciones gubernamentales, la Jefa de Estado anunció la ampliación de las unidades de flagrancia y la coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para implementar reformas procesales y penitenciarias.

Expectativas de la ciudadanía frente a las nuevas medidas

La reacción de la ciudadanía muestra una demanda de resultados cautelosa frente a los anuncios oficiales. Diversos testimonios de transeúntes y ciudadanos señalan que el cambio en la seguridad no se dará de manera inmediata, estimando que la gestión gubernamental podría requerir entre seis a ocho meses para evidenciar transformaciones concretas.

Los ciudadanos expresaron su temor al salir a las calles debido a la ola de homicidios y ataques violentos registrados en distritos como Cercado de Lima, Los Olivos, Independencia, Surquillo, Ate, Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho. A pesar del desorden generalizado, existe una expectativa basada en los compromisos asumidos para la restitución del orden público.

El Ejecutivo iniciará las coordinaciones con los operadores de justicia para implementar las reformas operativas y procesales anunciadas. Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene a la espera de la ejecución de las medidas tecnológicas, la reorganización policial y la intervención militar en las zonas declaradas en emergencia.