Junta de Fiscales Supremos rechazó dictamen para eliminar la JNJ y crear la Escuela Nacional de la Magistratura

La Junta de Fiscales Supremos rechazó el dictamen del Congreso que propone eliminar la JNJ y crear la Escuela Nacional de la Magistratura. También cuestionó otras propuestas legislativas que "colisionan contra el orden constitucional"

En pronunciamiento oficial, la Junta de Fiscales Supremos, presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores y presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú, en representación de todos los miembros del Ministerio Público, expresaron su rechazo a la propuesta que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que fue aprobada por la Comisión de Constitución del Congreso.

Asimismo, en el documento, los representantes de la Fiscalía de la Nación también mostraron su oposición el predictamen que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y el predictamen que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación de delito como función de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales.

"Acordamos rechazar los referidos predictámenes y proyectos de ley emitidos por el Congreso de la república por cuanto quebrantan la autonomía e independencia institucional que le corresponde al Ministerio Público al pretender recortar sus funciones y atribuciones que le han sido asignadas por mandato constitucional", se indicó en el comunicado.

¿QUÉ DIJO LA JUNTA DE FISCALES SUPREMOS SOBRE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA?

Sobre el proyecto de ley de creación de la Escuela Nacional de la Magistratura indicaron que se trata de un retroceso a los modelos ya superados de intervención política en la designación de magistrados que integran los organismos que forman parte de la administración de justicia.

Asimismo, exigen a los miembros del Poder Legislativo el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país.

También exhortaron al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación.

Además, convocaron a la ciudadanía y a todas las instituciones a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de derecho que se pretende socavar de aprobarse los referidos proyectos de ley.

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