JNE y Fiscalía en reunión para identificar riesgos electorales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Fiscalía de la Nación desarrollaron una mesa de trabajo multisectorial en la capital del país. Ambas instituciones del Estado enfocaron sus esfuerzos en analizar los mapas de conflictividad civil para anticipar respuestas legales contundentes ante cualquier intento de alteración del proceso comicial de la segunda vuelta.

¿Qué autoridades lideraron la reunión entre el JNE y la Fiscalía?

La sesión técnica de articulación institucional estuvo integrada por especialistas de alto nivel en materia de derecho electoral y análisis criminalístico.

Por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la comitiva estuvo comandada por la doctora Eugenia Fernán Zegarra, directora de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, junto al licenciado Aldo Raúl Huamán Arias, en su calidad de director de Estrategias Electorales del ente autónomo.

Por el lado del Ministerio Público, la delegación fiscal estuvo encabezada por las siguientes autoridades de la administración de justicia:

El doctor Alfonso Barrenechea Cabrera, en su condición de fiscal superior provisional y coordinador nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito.

La doctora María Ysabel Rabines Briceño, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Especializada de Lima Centro.

La doctora Brenda Del Rosario Belleza Ancaya, gerenta del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía de la Nación.

Los altos funcionarios de la fiscalía pusieron a disposición los recursos analíticos de sus despachos para evaluar los patrones geográficos de incidencias delictivas pasadas, con el fin de establecer un cordón de prevención jurídica eficaz en los locales de sufragio periféricos y del interior de la república.

¿En qué consiste el despliegue preventivo acordado para las elecciones?

Los acuerdos finales suscritos en la mesa de trabajo priorizan de forma absoluta las acciones de monitoreo presencial de posibles disturbios, así como la persecución penal inmediata de delitos relacionados con la suplantación de identidades o el fraude en mesa.

El plan estratégico contempla un despliegue coordinado de inspectores y fiscales por todo el territorio nacional, garantizando cobertura institucional exhaustiva antes de la instalación de las mesas, durante el acto de votación ciudadana y después del cierre de los locales para el traslado seguro de las actas de sufragio.

Esta iniciativa interinstitucional, socializada igualmente por el ente comicial en sus redes oficiales, ratifica el compromiso de los operadores de justicia para neutralizar cualquier escenario que atente contra el derecho al voto.

La incorporación del Observatorio de Criminalidad permitirá que las fiscalías provinciales actúen con base en reportes estadísticos predictivos, mitigando riesgos logísticos de forma oportuna y asegurando que las elecciones de este próximo siete de junio de dos mil veintiséis se lleven a cabo en un entorno de paz social y absoluta transparencia institucional.

El Jurado Nacional de Elecciones, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial liderada por Eugenia Fernán, ejecutó una sesión de trabajo técnico con la Coordinación Nacional de Prevención del Delito del Ministerio Público encabezada por el fiscal Alfonso Barrenechea. La reunión tuvo como finalidad identificar riesgos potenciales y delinear estrategias conjuntas de control de cara a la segunda vuelta presidencial. Los organismos electorales y fiscales pactaron un despliegue integral a nivel nacional en las fases previa, central y posterior de la votación, empleando las herramientas del Observatorio de Criminalidad para asegurar la transparencia e impedir infracciones penales durante la jornada de sufragio.