JNE solicitó al gobierno prevenir conflictos sociales

Un llamado urgente para blindar la seguridad del proceso democrático. Ante el anuncio de nuevas huelgas y movilizaciones de protesta en diferentes puntos del territorio peruano, el Jurado Nacional de Elecciones requirió al Poder Ejecutivo la puesta en marcha de un plan de contingencia nacional.

El objetivo medular de esta solicitud radica en asegurar el correcto despliegue de las cédulas de votación, actas de escrutinio y ánforas destinadas a la segunda elección presidencial, programada de manera oficial para el domingo siete de junio.

¿Cómo planea el ente electoral contrarrestar las amenazas de boicot?

El documento emitido por la máxima instancia comicial del país detalla una invocación directa a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al despacho del Ministerio del Interior para que ejerzan sus potestades legales de control del orden público.

Las autoridades electorales manifestaron de forma enfática que el mantenimiento de la paz social y el libre tránsito por las vías de comunicación terrestre de la república constituyen factores determinantes para garantizar el derecho al sufragio de millones de ciudadanos peruanos convocados a las urnas.

Frente a la complejidad de la coyuntura, el pleno institucional dispuso la instalación de una sesión de trabajo de la Comisión Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Electorales. Esta célula técnica se encargará de coordinar de primera mano con los mandos policiales y las Fuerzas Armadas los mapas de riesgo en las regiones del país.

La meta es neutralizar los focos de perturbación civil que pretendan obstruir las labores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recordando que la jornada requiere del comportamiento cívico y de la total responsabilidad de todas las agrupaciones políticas y gremiales.

¿Qué conflicto regional mantiene en alerta a las autoridades de transporte?

La urgencia del pedido fiscalizador del organismo comicial responde a la parálisis vial que golpea de forma severa al nororiente de la república. Cabe recordar que los productores de arroz acatan un paro indefinido que mantiene bloqueada la carretera Fernando Belaúnde Terry en múltiples tramos de la región San Martín.

Uno de los epicentros de la crisis se ubica en el sector de San José, en la provincia de Bellavista, donde piquetes de huelguistas impiden el paso de buses interprovinciales y camiones de carga pesada, interrumpiendo el transporte de pasajeros y mercaderías perecibles desde hace cinco días.

Los dirigentes de las bases agrarias exigen que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, acuda personalmente a la zona para declarar el sector en estado de emergencia y destinar un fondo de trescientos millones de soles que compense las pérdidas económicas derivadas de los altos costos de producción de cada hectárea arrocera.

La persistencia de esta medida de fuerza ha encendido las alarmas en las oficinas descentralizadas del sistema electoral, debido a que la carretera tomada representa la única vía de acceso seguro para el transporte del material logístico hacia los locales de sufragio de las provincias amazónicas, obligando al gobierno a buscar un destrabe político inmediato.

El Jurado Nacional de Elecciones solicitó formalmente al Poder Ejecutivo la implementación de medidas preventivas destinadas a controlar las protestas sociales y asegurar el transporte seguro del material electoral para la segunda vuelta presidencial del próximo siete de junio. A través de un pronunciamiento oficial, el organismo electoral instó a la PCM y al Mininter a resguardar la seguridad ciudadana y el derecho al voto. La alerta institucional coincide con el paro indefinido y los bloqueos que los agricultores de arroz ejecutan en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región San Martín, una situación de alta conflictividad que amenaza directamente las rutas de distribución de las oficinas electorales.