Corte Suprema preocupada por demora para el funcionamiento de la JNJ

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se declaró en sesión permanente y a través de un comunicado expresó su preocupación por la demora en la aprobación de las leyes que regularán el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y su comisión especial, al considerarlas básicas dentro del proceso de reforma.

Asimismo, los jueces supremos titulares señalan que, además del compromiso del Poder Judicial, los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, han brindado su posición institucional y aportes al Congreso de la República a fin de que las leyes en mención sean aprobadas con urgencia y responsabilidad.

De igual manera, el comunicado remarca la necesidad de la aprobación del Proyecto de Ley N° 3602/2018-PJ, remitido al Parlamento en octubre del año pasado, el cual propone la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial.

El pronunciamiento de la Sala Plena señala que, en aras de resguardar la autonomía e independencia del ejercicio de la función jurisdiccional, la referida responsabilidad debe recaer en un juez o jueza titular de la Corte Suprema. Añade que esta propuesta incide en la necesidad de especialización, naturaleza y funciones de un juez contralor que permitirá un control disciplinario más eficaz y eficiente.

En otro punto, la Sala Plena indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante una interpretación equivocada e ilegal de las disposiciones complementarias finales 128 y 135 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, está recortando las remuneraciones reales de los magistrados del Poder Judicial de todas las instancias y especialidades, sobre todo, provisionales y supernumerarios.

Ante esta situación, el comunicado indica que la Sala Plena ha decidido solicitar la intervención directa del Presidente Constitucional de la República para que el Estado garantice una solución inmediata compatible con principios constitucionales y convencionales de orden laboral de progresividad y proscripción del recorte de derechos adquiridos. “La decisión del MEF constituye una medida inaceptable de exceso de poder”, concluye el documento.  

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