Corrupción en el Perú: mapa muestra incremento de corrupción en estas regiones

La Defensoría del Pueblo elaboró un mapa que da cuenta de los casos denunciados entre el 2016 y el 2018. ¿Cómo ha cambiado el panorama según regiones?

Corrupción en el Perú: mapa muestra incremento de corrupción en estas regiones

Los casos de colusión son los segundos más recurrentes a nivel nacional. Foto: Defensoría

La Defensoría del Pueblo presentó hoy la primera serie de 'Mapas de la corrupción en el Perú', los cuales buscan acercar información al ciudadano, presentándole, de manera gráfica y en un formato de fácil comprensión, el análisis de información estadística sobre la situación de las instituciones públicas y los retos en materia de lucha contra la corrupción.

La primera entrega de cinco mapas muestra, entre otros datos, que 20 departamentos y la provincia constitucional del Callao registraron una tendencia a incrementar el número de casos de corrupción en trámite del año 2016 al 2018. Áncash aumentó en un 67% su número de casos en trámite, llegando a ser el departamento con mayor incremento porcentual, seguido muy de cerca por Loreto con aproximadamente 66%.

Asimismo, se destaca que el delito de peculado es el más recurrente a nivel nacional, representando el 34% de los 40 759 casos reportados en el 2018. Lima y Cusco son los departamentos con mayor número de casos de peculado a nivel nacional; mientras que Áncash, Loreto y Cusco son los departamentos que mayor incremento porcentual de este tipo de casos registraron el mismo año, 74%, 72% y 71% respectivamente. El delito de peculado consiste en apropiarse o utilizar dinero o bienes del Estado aprovechando el cargo público que se ejerce.

Los casos de colusión son los segundos más recurrentes en Perú, con 14%. Lima y Áncash reportan el mayor número de casos a nivel nacional. No obstante, Pasco fue la región que mayor variación porcentual presentó en el 2018, incrementando en 85% la cantidad de casos de colusión respecto de los casos reportados en el 2016. Este delito se configura cuando un funcionario público a razón de su cargo interviene en cualquier etapa de la adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios para defraudar al Estado.

Para la elaboración de los mapas, se procesó y analizó información del 2017 y 2019 elaborados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

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