¿Cómo afecta la criminalidad al PBI y a los negocios del Perú?

La criminalidad en el Perú no solo altera la seguridad de los ciudadanos, también tiene un fuerte impacto económico. Según el Consejo Privado de Competitividad, el costo total de la inseguridad supera los S/6 mil millones anuales, lo que equivale al 3 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Este daño se traduce en el cierre de negocios, el aumento de precios, la reducción del empleo y la disminución de la inversión privada. La situación preocupa a los sectores productivos y ha comenzado a afectar también la vida cotidiana de millones de peruanos.

¿Qué sectores son los más golpeados por la criminalidad?

Los más afectados son los pequeños y medianos empresarios, que ahora deben gastar más en seguridad y menos en contratar personal o crecer. En lugar de reinvertir sus ganancias, deben destinar sus recursos a evitar extorsiones o ataques.

Carlos Casas, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, explicó que “lo que se pierde en seguridad ciudadana representa un 3 % del PBI” y ese dinero termina en manos de las bandas criminales, que operan sin ser perseguidas con eficacia.

La situación se ha agravado con el accionar de grupos como “Los Injertos del Cono Norte”, organización liderada por Eric Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, recientemente capturado. Solo esta banda recaudaba entre S/500 mil y S/800 mil mensuales a través de extorsiones.

¿Cómo afecta la extorsión a los negocios y a los precios?

Según Casas, los empresarios están pagando un “impuesto adicional” no oficial: la extorsión. Este costo reduce sus excedentes y limita sus decisiones de inversión. Además, al no poder absorber estas pérdidas, muchos deciden trasladarlas al consumidor.

“El riesgo es que esto se normalice y el mayor costo lo pague la población”, advirtió. Ya se han reportado casos de empresas de transporte público que subieron sus tarifas como medida de protección, tras ataques a conductores que se negaban a pagar cupos.

Esta lógica de supervivencia empresarial está cambiando la economía del día a día: menos empleo, menos expansión y más precios altos.

¿Cuánto han aumentado los crímenes en los últimos años?

El número de homicidios ha crecido significativamente. Mientras que en 2020, durante la pandemia, hubo 649 asesinatos registrados por el SINADEF, en 2025 la cifra ya supera los 1 500 casos. Es un incremento de más del 130 % en solo cinco años.

En el caso de las denuncias por extorsión, las cifras también muestran un salto preocupante: de 190 mil en 2019 se pasó a 344 mil en 2025. Esto refleja un crecimiento sostenido del crimen organizado, especialmente en regiones como Lima, Callao, La Libertad, Piura y Áncash.

Estas zonas no solo concentran la actividad económica, también son los principales focos de violencia y control territorial por parte de bandas delictivas.

¿Qué opinan los inversionistas sobre la inseguridad?

Carlos Casas afirmó que los empresarios ven la criminalidad como un factor de riesgo clave. En sus palabras: “A Perú lo veo bien en el largo plazo, pero en el corto o mediano plazo, la inseguridad es un riesgo que ya estoy incorporando”.

Esta percepción afecta las decisiones de inversión. Muchos postergan proyectos o eligen países vecinos con mejores condiciones de seguridad. Además, las grandes empresas ya están destinando más recursos a seguridad privada para proteger a sus trabajadores y clientes.

La inseguridad no solo genera miedo. También está erosionando la confianza económica, reduciendo la competitividad del país ante el mercado internacional.

¿Qué medidas legales se han tomado recientemente?

El Congreso aprobó en segunda votación la ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal. Con 83 votos a favor, la norma establece penas de hasta cadena perpetua para delitos cometidos de forma repetitiva o con armas de fuego y explosivos.

La medida busca atacar el corazón de las bandas criminales que operan con patrones sistemáticos y alta capacidad de fuego. Según el artículo 318-B, se aplicará cadena perpetua si hay agravantes como crueldad, uso de armamento militar o participación de miembros de las Fuerzas Armadas.

No todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo. Gladys Echaíz alertó que la ley no resuelve los problemas de fondo y pidió más tiempo de detención para que la Policía pueda investigar. Ruth Luque criticó la ambigüedad del texto legal y lo calificó de populismo penal.

¿Qué cifras adicionales se conocen sobre el impacto económico?

En marzo de este año, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla afirmó que el Perú pierde S/450 mil cada día por efecto directo de la inseguridad. Esta cifra equivale a un nuevo impuesto que la población debe asumir de forma silenciosa.

Castilla citó un estudio en Lima que reveló que el 80 % de las barberías, farmacias y restaurantes han sido víctimas de al menos un delito. De ellos, el 12 % tuvo que cerrar por los costos adicionales. “Es un problema estructural sin solución clara”, advirtió.

Según su análisis, el impacto económico total de la criminalidad podría equivaler al 3.3 % del PBI, lo que representa más de S/30 mil millones al año en pérdidas para el país.

La criminalidad le cuesta al Perú más de S/6 mil millones al año, lo que equivale al 3 % del PBI. Las extorsiones afectan a pymes, provocan cierres de negocios, alza de precios y reducen la inversión privada. En 2025 ya se registran más de 1 500 homicidios y 344 mil denuncias por extorsión. El Congreso aprobó cadena perpetua para delitos sistemáticos. Luis Miguel Castilla advirtió que el país pierde S/450 mil diarios por inseguridad. El impacto económico y social sigue en aumento y sin solución inmediata.