Caen Chana y El Chueco, pareja que extorsionaba a transportistas

Agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri (Divinext) lograron detener a una peligrosa pareja acusada de integrar la banda criminal "Los Injertos del Sur".

Estos sujetos se dedicaban al cobro sistemático de cupos de empresas de transportes, comerciantes y transportistas independientes en la capital, amparados en un violento arsenal y un perverso sistema de amedrentamiento.

El panorama para el gremio de transportes en el país es crítico. Según datos alarmantes de la Cámara Internacional de Logística y Transporte, entre enero y mayo de este año se registraron 54 conductores asesinados a manos de sicarios tras negarse a ceder a las extorsiones.

Lejos de replegarse, los delincuentes han diseñado una nueva y cínica modalidad de cobro con la llegada del mes de julio: exigir a los choferes el pago de una cuota adicional bajo el concepto de "gratificación por Fiestas Patrias".

Los trabajadores, quienes no gozan de ningún beneficio laboral ni aguinaldos por parte del Estado, se ven obligados a doblar sus turnos para pagarle un "sobresueldo" a las mafias y así salvaguardar sus vidas.

Rastreo digital y el cínico intento de encubrimiento

La caída de los delincuentes se gestó a través de su propio método de recaudación. "Los Injertos del Sur" exigían que los pagos extorsivos se realizaran mediante transferencias directas de una conocida aplicación bancaria.

El rastreo de una transacción reciente de 500 soles, despojada a un transportista que tres semanas antes ya había sido obligado a pagar 5,000 soles, guió a los sabuesos de la Dirincri hasta la identidad de la titular de la cuenta corriente.

Con una orden judicial de descerraje, la Policía allanó el centro de operaciones de la banda, logrando la captura de Roxana Brigitte Leyva Guevara (31), alias "Chana", y su pareja Joel Christopher Lobato Herrera (37), alias "Chueco".

Al verse acorralado por las autoridades, Lobato Herrera, quien registra antecedentes penales previos y un ingreso al penal de Lurigancho por el delito de receptación y robo de vehículos, intentó exculpar a su cómplice con una insólita defensa.

"Yo chambeo solo, jefe. Ella está mal de la cabeza, yo soy el que hace las cosas, ella no sabe nada", exclamó con cinismo ante los agentes policiales, mientras los oficiales hallaban los celulares con los registros de los depósitos ilegales y chips telefónicos listos para ser destruidos.

Un arsenal sofisticado para el sometimiento psicológico

Más allá de los equipos móviles y tarjetas de crédito incautadas, lo que causó profunda alarma en las autoridades fue el material bélico de alta potencia escondido en una mochila dentro del predio. Los agentes hallaron una pistola Glock, una subfusil Mini Uzi y cacerinas de largo alcance con capacidad para 30 municiones.

A este arsenal se sumaba un dispositivo de última generación criminal: un kit de conversión Micro Roni. Se trata de un chasis ergonómico que envuelve la pistola táctica transformándola visual y operativamente en una carabina de asalto de corto alcance.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, detalló la peligrosidad de este aditamento:"Este microconvertidor se acondiciona al arma y le otorga una estructura de fusil. Permite una mayor estabilidad balística, un disparo selectivo apoyado en el hombro y simula un arma de largo alcance. Esto somete psicológicamente a la víctima; al ver al delincuente portar una supuesta ametralladora pesada en una mototaxi, los transportistas ceden de inmediato a sus propósitos económicos."

Las pericias técnicas determinaron además que la mototaxi incautada en la vivienda de la pareja presenta un registro de trazabilidad física y temporal que coincide con un atentado armado perpetrado días atrás contra una empresa de transportes en la zona sur.

Lobato Herrera terminó confesando que recibía fichas de identidad de Reniec y datos específicos de empresas como Santa Catalina, El Verde y El Morado para ejecutar los reglajes junto a otros delincuentes que operaban en vehículos menores.

El delito de extorsión agravada contra servicios públicos: Marco legal peruano

La extorsión contra trabajadores de transporte público no es procesada como un delito común. De acuerdo con las últimas modificaciones del Código Penal peruano, la extorsión simple contempla una pena de entre 10 y 15 años de cárcel; sin embargo, cuando el acto delictivo se comete mediante el empleo de armas de fuego, de forma organizada por dos o más personas (banda criminal), o si afecta el normal desarrollo de un servicio público esencial —como el transporte urbano de pasajeros—, la figura jurídica se eleva automáticamente a extorsión agravada.

Bajo este presupuesto legal, los implicados no tienen derecho a beneficios de semilibertad y se enfrentan a penas privativas de la libertad no menores de 15 ni mayores de 25 años de prisión efectiva.

Si el atentado llega a causar la muerte o lesiones graves de los choferes, la legislación sanciona a los autores con la pena máxima de cadena perpetua.