Antecedentes del juez encargado de reprogramar audiencia de Roberto Sánchez

El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, a cargo del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dispuso suspender y reprogramar la audiencia del caso del candidato presidencial Roberto Sánchez para el próximo jueves 4 de junio de 2026 a las 15:30 de la tarde. La fecha elegida se sitúa a escasas 72 horas del proceso electoral de segunda vuelta que definirá la Presidencia del país.

Una investigación difundida por el programa periodístico Cuarto Poder expuso el historial del magistrado dentro del Poder Judicial, institución que en febrero del año 2024 solicitó formalmente su destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Tras este requerimiento del propio fuero judicial, se le aperturó un procedimiento disciplinario de carácter abreviado a fin de evaluar la gravedad de su conducta en el despacho del Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima.

¿Cuáles son las denuncias y faltas que pesaron contra el juez Farfán?

El proceso disciplinario que afrontó el magistrado Farfán Calderón ante los miembros de la JNJ abarcó tres imputaciones graves vinculadas a su comportamiento ético y funcional. Se le acusó formalmente de haber sido hallado pernoctando en sus oficinas durante las horas de trabajo regular. Asimismo, se le abrió investigación por presuntas acciones de acoso sexual y hostigamiento contra una trabajadora judicial del área.

El tercer cargo que enfrentó el magistrado describió un presunto abuso de autoridad en perjuicio de su personal a cargo, a quienes exigía habitualmente la realización de actividades domésticas de carácter privado, tales como la compra de sus desayunos, jugos y medicamentos cotidianos.

El informe también sacó a la luz una disposición fiscal del año 2019 donde se le investigó por la presunta recepción de un soborno ascendente a 3 mil dólares americanos junto a su equipo de asistentes, con el propósito de entorpecer la administración de justicia, denuncia que fue desestimada al declararse infundada.

Desempeño laboral observado y reprogramación del caso Sánchez

Los cuestionamientos hacia el juez del caso Sánchez abarcan también deficiencias en la gestión interna de sus despachos desde hace más de una década. Evaluaciones emitidas en el año 2013 por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evidenciaron que, en la medición de organización del trabajo de los periodos anuales 2009, 2010 y 2011, Farfán Calderón obtuvo puntuaciones críticas de 1.31, 1.19 y 0.50, concluyendo los evaluadores que su productividad resultaba sumamente deficiente. El expediente histórico acumulaba además amonestaciones disciplinarias por abuso de autoridad y prevaricato.

Pese al pedido inicial de retiro de la carrera judicial, el procesado argumentó ante la JNJ que cada imputación en su contra era falsa, logrando ser absuelto y reincorporado de manera oficial a sus funciones jurisdiccionales a partir del 30 de mayo del año pasado.

La postergación dictada por Farfán Calderón bajo la premisa de resolver una nulidad y la alta carga procesal de su juzgado fue duramente criticada por el abogado penalista Cristian Salas, quien aclaró que la fase de control de acusación concluyó y que el trámite correcto correspondía únicamente a emitir el auto de enjuiciamiento para enviar a los procesados a juicio oral, sin requerir una suspensión.

A través de un descargo por chat escrito, el magistrado alegó que fue librado de los cargos de destitución y que nunca se le notificó el caso de las presuntas coimas monetarias.

Adolfo Farfán Calderón, titular del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, reprogramó la audiencia del candidato Roberto Sánchez para el 4 de junio, a tres días de la segunda vuelta. El historial del juez, revelado por Cuarto Poder, expone denuncias ante la JNJ por acoso sexual a una servidora de su despacho, realizar mandados personales con su personal y quedarse dormido en horario de labores. Aunque poseía reportes de baja eficiencia laboral desde 2011 emitidos por el CNM y pedidos de destitución, el magistrado fue absuelto y reincorporado el año pasado, quedando ahora bajo su criterio la decisión de enviar a juicio oral al aspirante presidencial.