La sinuosa línea Interoceánica

Cuarto Poder accedió a los documentos que la Contraloría General de la República envió al Ministerio Público referidos a la construcción de la carretera Interoceánica, tanto sur como norte. 

Los informes detallan una serie de presuntas irregularidades detectadas en los contratos y en el mantenimiento de las obras de esta carretera que en su tramo sur llegó a costar cerca de US$ 2 mil millones. 

El informe número 117 de abril de 2011 de la Contraloría General de la República se trata de una revisión exhaustiva del concurso para la concesión de las obras y el mantenimiento de la Interoceánica Sur, en los tramos 2, 3 y 4. Como se sabe, los tramos 2 y 3 estuvieron a cargo de un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht. 

Según el documento remitido esta semana a la Fiscalía, en los contratos de concesión se encontraron gruesos errores y fallas. Por ejemplo, se estableció que desde el primer día de inicio de obras, el concesionario garantizaría la transitabilidad de cualquier vehículo por esta carretera mientras durara su construcción. 

Según las conclusiones de este informe, en los contratos de concesión se consignaron valores que no se ajustaban a los costos máximos de transitabilidad previstos para el periodo de construcción de las obras.

Es decir, alguien calculó menos de lo que en realidad iba a costar. Esto originó procesos arbitrales con los concesionarios de los tres tramos. Algo que a abril de 2011 ya había generado pagos adicionales superiores a los 3 millones de dólares, si tomamos en cuenta los gastos administrativos y los honorarios arbitrales. 

La Contraloría también concluye que debido a ciertos errores técnicos, la carretera no cumplía con las condiciones mínimas de servicio exigibles. Es decir, había tramos que no cubrían las especificaciones técnicas. 

A su vez, en los contratos de concesión de la IIRSA SUR se consideraron fórmulas de ingeniería idénticas a las usadas en la carretera IIRSA Norte, cuando evidentemente se trataba de zonas geográficas completamente distintas. Este error, produjo que solo en el tramo 3 de la interoceánica sur se generaran reajustes por medio millón de dólares a favor del concesionario. 

La Contraloría detectó además que a abril de 2011 Proinversión no tenía consolidada ni ordenada la información de todo lo actuado por el comité que llevó a cabo el concurso para este proyecto. 

En lo que respecta a la Interoceánica Norte, las conclusiones de la Contraloría no son más halagüeñas. Para el ente fiscalizador, la IIRSA Norte fue adjudicada sin contar con el informe previo de auditoría, hubo deficiencias en la actuación del comité de Proinversión que realizó el proceso, y en la determinación de los pagos se habrían utilizado criterios incorrectos y determinados costos sin sustento.   

Los informes de Contraloría en su momento fueron derivados a todas las instancias. Durante el gobierno de Alan García, acabaron en el Congreso de la República y en el Ejecutivo. Sin embargo, por ningún lado se señalaron responsabilidades. 

La respuesta parece estar en esta ley dada por el Ejecutivo en enero de 2006, en los últimos meses del gobierno de Alejandro Toledo. Esta ley, la 28760, fue promulgada por el Congreso, en medio de las acciones de supervisión que la Contraloría efectuaba a la construcción de la Interoceánica. 

En esta ley, se declaró de necesidad pública e interés nacional, proyectos de inversión entre los que figura la ahora famosa carretera. Con lo que se ratificó todas las acciones dadas a favor de estos proyectos. Según interpretación de la Contraloría, esta ley evitaba así cualquier acto de fiscalización.

Cuarto Poder buscó comunicación con voceros de Perú Posible que trabajaron en el gobierno de Alejandro Toledo, pero no tuvieron éxito.