La historia de Rosendo Arias parece arrancada de una insólita novela policial. De la noche a la mañana y por culpa de un equivocado reporte telefónico, Arias, un tranquilo vendedor de computadoras, fue involucrado en un horrendo crimen vinculado nada menos que al sanguinario cartel de Tijuana, una peligrosa red internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Su nombre completo es Rosendo Miguel Ángel Arias Vargas. Tiene 34 años y estuvo 2 meses preso en el penal de Castro Castro por un error que ahora nadie quiere asumir y menos pedir disculpas por él.

Se dedica a la venta de equipos informáticos. Hasta hace poco, todo en su vida, parecía marchar con normalidad. Tenía un negocio y una familia. Pero un buen día, todo cambio de repente. Parecía ser una mañana normal de trabajo. Rosendo Arias arreglaba su tienda como todos los días. Ordenaba vitrinas y ofrecía sus productos. Pero esa mañana del 16 de octubre de 2009, ingreso la policía a su local y le dijo que lo andaban buscando.

Arias no entendía que ocurría. Nunca antes había escuchado ese nombre y menos aun había estado vinculado a un hecho criminal. La sola mención de que era investigado por un crimen, le puso la piel de gallina. Tenía que haber algún error, dijo. Pero la policía no lo escucho y se lo llevaron.

La policía le informó que Sebastián Díaz Cuadros había sido asesinado de una manera horrenda y brutal. Lo ataron de pies y manos, le colocaron cinta aislante en la boca y en los ojos; y luego de torturarlo un buen rato, sumergieron su cabeza en el agua hasta provocarle la muerte. Su cuerpo fue hallado en el rio Lurín, el 28 de febrero de 2009. El muerto cargaba con su propia historia.

Según informó el diario La Republica, este asesinato fue un ajuste de cuentas ordenado por el cartel de Tijuana a raíz del decomiso de 2 toneladas de droga en una casa de La Molina. El poderoso cartel de la mafia sospechaba que Díaz Cuadros era un traidor, y había delatado el cargamento con la policía.

El levantamiento del secreto telefónico de Sebastián Díaz Cuadros, la victima asesinada brutalmente en Lurín, revelaba que una de las últimas personas que estuvo en permanente contacto con él, fue el propietario del teléfono 9930 - 10658. Su nombre Rosendo Arias, el vendedor de computadoras. Eso al menos, indicaba el reporte de la empresa Claro. Por eso el juez, decidió mandarlo preso.

Los otros 2 implicados en el homicidio, Vanesa Ramírez Llontop y el colombiano Jairo Velásquez Salazar, aseguraron no conocer a Arias y reportaron el teléfono en cuestión como suyo. El informe de la empresa telefónica fue el tiro de gracia para Arias. El fiscal dedujo que mentía y que los otros dos implicados estaban tratando de encubrir a una persona importante dentro de la organización. Era en suma un peligroso delincuente, para las autoridades. La acusación fiscal fue lapidaria. Se solicito para el, 15 años de cárcel y se le acusaba de homicidio calificado, tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para delinquir.

Tras 2 años de engorroso proceso judicial se logró establecer que Rosendo Arias no tenía nada que ver con este espinoso caso.

El enredo se origino de la siguiente manera: Arias efectivamente compró un celular con línea pre pago para su hermano en setiembre de 2005, con el número 930 10 658 y este dejo de usarlo en diciembre de 2007. Pero nunca le dio de baja. Claro revendió la línea a otro usuario en el 2008, agregando el número 9 correspondiente a las disposiciones de aquella época.

La línea pre pago fue revendida en un distribuidor de Claro de Los Olivos pero se reactivó a nombre de Rosendo Arias y no de la persona que había hecho la compra. Ese nuevo usuario sería aquel hombre que la policía estaba buscando y que confundieron con Rosendo arias.

Según el presidente de la comisión de defensa del Consumidor del Congreso, Jaime Delgado, el dar de baja a una línea para su reventa es responsabilidad de la empresa:”Aquí el responsable es la empresa. Si actúa directamente o a través de una red de concesionarios o ambulantes, es su problema; a mí me parece que esta situación es gravísima y ya la hemos anticipando”.

Sin embargo, la empresa Claro, sostiene que los únicos responsables de todo el problema son Rosendo Arias por no darle de baja a su línea y el Juez que lo mando a prisión por actuar con ligereza.

Siguiendo la lógica de la empresa de telefonía, estamos ante un potencial peligro del que deberíamos estar informados. Aún sin existir una anulación formal de la línea por parte del usuario, la empresa sí puede revenderla a otra persona sin mayor problema y sin hacerse responsable de las consecuencias. En buena cuenta, este vacío de responsabilidades podría terminar en más casos como el de Rosendo.

El proceso penal de tráfico de drogas ha terminado a su favor y ha sido declarado absuelto de los cargos que se le imputaban. Rosendo Arias decidió demandar a la empresa telefónica para que reconozca lo que él sigue asegurando es su responsabilidad: dar de baja a una línea antes de su reventa.