El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, señaló que el traslado del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, a Ica obedece a una disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

Dijo que la norma establece que los hechos de violencia que se suscitan en Cusco y en Cajamarca serán de conocimiento de órganos jurisdiccionales que tendrán competencia supraprovincial, y que, de este modo, el Distrito Judicial de Ica ampliará su competencia territorial a la región Cusco, mientras que el Distrito Judicial de Lambayeque lo hará con la región Cajamarca.

Manifestó que no existen garantías para que los fiscales de Espinar cumplan con su labor y puso como ejemplo las agresiones de las que fue víctima el fiscal de la provincia, Héctor Herrera.

Aseguró que la ordenanza aparecerá publicada en el Diario Oficial El Peruano y que el Juzgado de Sicuani debería haber notificado de la misma al abogado de Mollohuanca, Ramiro Alatrista. Agregó que el alcalde de Espinar probablemente  culminará su proceso en Ica.

Por su parte, Alatrista calificó de “arbitraria e ilegal” la detención de su patrocinado e indicó que no se le informó sobre la disposición del CEPJ. Dijo que viajará a Ica para analizar la situación legal de su defendido, quien -sostuvo- fue llevado a Lima y luego será trasladado vía terrestre a Ica.

(MA)