Susana Villarán: claves que la Fiscalía consideró para dictar prisión preventiva
La hipótesis fiscal señala que aportes de Odebrecht y OAS se hicieron a cambio de que la gestión de Villarán las favoreciera con los proyectos que tenían en Lima Metropolitana
Así fue el traslado de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, al penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple 18 meses de prisión preventiva. Una imagen penosa que ya forma parte del abultado álbum que nos viene dejando el Lava Jato peruano.
La hipótesis fiscal señala que los aportes de Odebrecht y OAS se efectuaron a cambio de que la gestión de Villarán favoreciera a ambas empresas con los proyectos que tenían en Lima Metropolitana: Odrebecht con el otorgamiento del proyecto Vías Nuevas Lima y OAS con la ampliación de la concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años.
En el caso Villarán, OAS aparece como la firma gravitante. En total, habrían aportado 7 millones de dólares a Susana Villarán en el 2013. Tres millones para la campaña del NO a la revocatoria y 4 millones de dólares para la reelección.
Las coordinaciones habrían sido entre Castro y Leo Pinheiro, mandamás de OAS, quien habría ordenado a los ejecutivos de su empresa elaborar contratos ficticios con Ogilvy o CMR Construcciones, vinculadas a Castro, para disfrazar el dinero que iba a financiar las pretensiones políticas de Villarán. Este dinero habría provenido de un departamento en OAS llamado la Contralodoria, una suerte de Caja 2 como la de Odebrecht.
El dinero proveniente de OAS se habría entregado, no solo a través de contratos ficticios con estas empresas, sino también a través de doleiros, quienes habrían entregado efectivo a Luis Gómez Cornejo, ex secretario de economía de Diálogo Vecinal.
La Fiscalía sostiene que ese dinero ingresó a las campañas y para poder maquillarlo se presentó información falsa respecto al financiamiento, ante la ONPE. La campaña por el NO a la revocatoria declaró gastos por S/ 1’612,300.
La Fiscalía ha identificado gastos por casi 6 millones de soles. En el caso de la reelección, declararon 1’336,600 soles, pero las autoridades han identificado gastos por casi cinco millones de soles.
La Fiscalía ha ido un poco más y supone que parte del dinero entregado por los brasileños ha quedado en poder de los imputados. Considera que Susana Villarán encabezó su propia organización criminal y que estaba al tanto de todos los detalles de las dos campañas que lideró: tanto el NO a la revocatoria como la reelección.
La Fiscalía también desistió en solicitar la prisión preventiva para Gabriel Prado, ex gerente de seguridad ciudadana de la gestión municipal de Villarán. Prado, quien presentó los audios difundidos en Cuarto Poder, siempre negó haber abierto una cuenta a su nombre en la banca privada de Andorra.
Esta semana se conoció otro audio, en donde Castro le dice a Prado que niegue ante los fiscales haber conocido de esta cuenta en Andorra, una vez que el caso se hizo público en noviembre de 2017.
Los empresarios Óscar Vidaurreta Izaga de Ogilvy y César Meiggs Rojas de CMR Construcciones también se han visto favorecidos por la inhibición de la Fiscalía. Ambos han señalado que Castro los buscó para participar en el sistema de transferencia de dinero desde OAS.
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