¿Qué dice el contrato de los peajes vinculados a Odebrecht y a OAS?
Para Lino de la Barrera, especialista en derecho municipal, más allá de las expresiones políticas, el tema es eminentemente técnico
La tesis fiscal que llevó a Susana Villarán a cumplir prisión preventiva por 18 meses ha puesto bajo los reflectores los contratos de dos obras viales en Lima. El de la Línea Amarilla y el de Rutas de Lima, ambas involucran el cobro de peajes.
El propio alcalde de la ciudad, Jorge Muñoz, se pronunció, tajante, al respecto. "Los contratos de la corrupción no van, los peajes de la corrupción no van" afirmó vía Twitter.
Martha Moyano, regidora por Fuerza Popular, sostiene que el cobro de los peajes relacionados a estas obras debe suspenderse.
Robinson Gupioc, regidor de Podemos Perú considera que "los peajes se han comenzado a cobrar ni terminando el 30% de la inversión estimada al 100%. Hay varias irregularidades desde la época de (Luis) Castañeda, no solamente con Susana Villarán".
¿Puede el alcalde anular de manera unilateral los contratos celebrados? Para Lino de la Barrera, especialista en derecho municipal, más allá de las expresiones políticas, el tema es eminentemente técnico.
"Es un asunto técnico, porque de por medio está la seguridad jurídica del país para esta inversión y para cualquier otra inversión si queremos ser un país bananero que no respeta las leyes o queremos ser un país que, si respeta las normas", dice De la Barrera.
La regidora Moyano plantea una pregunta pertinente en medio de tanto cuestionamiento. "¿Puede un contrato perjudicar a la población y el interés público? Esa es la pregunta que nosotros hacemos y la respuesta que damos es no"
El regidor Gupioc afirma que "el contrato inicial que se suscribe con Castañeda se firma sin la opinión favorable del MEF, no dieron como correspondía de acuerdo a ley, estamos hablando de Línea Amarilla y Rutas de Lima. En Rutas de Lima con Susana Villarán y en Línea Amarilla con Castañeda".
Vistas las cosas así, se tendrá que decidir entre enfrentar una eventual demanda ante fueros internacionales o inclinar la balanza y revisar o, en el extremo del caso, anular los contratos que obligan a los ciudadanos a pagar las consecuencias de malas o interesadas decisiones tomadas por las gestiones anteriores.
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