Proyecto Olmos: la realidad de las comunidades que viven cerca

Comunidades hablan por primera vez y denuncian que fueron retiradas del lugar

Cuarto Poder / Foto: peruconstruye.net

El denominado ‘anhelo lambayecano’, el proyecto Olmos, fue concebido en los años 20 del siglo pasado como una obra que impulsaría el agro del norte del país. Pero el Estado peruano le encargó construir a la empresa Odebrecht. El sistema que traería agua del río Huancabamba y la conduciría por unos canales hasta las nuevas tierras del valle lambayecano no es exactamente el sueño de los campesinos que aún habitan en el área de influencia del proyecto (38 mil hectáreas adquiridas por grandes empresas) sino algo más parecido a una pesadilla.

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Es la primera vez para habitantes de algunos pueblos de la enorme Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos hablan para un canal de televisión nacional. Avisados por otros dirigentes comunales de esa provincia, el grupo de campesinos del caserío Alto de Roque dejó sus quehaceres y cruzó el río Olmos para llegar al encuentro con Cuarto Poder.

El grupo denuncia que las autoridades lambayecanas quieren sacarlas de allí para despejar las tierras e iniciar los sembríos tecnificados de las grandes compañías agroindustriales que en el 2012 adquirieron decenas de miles de hectáreas para fines de agroexportación.

Ellos viven en estado de alerta porque a fines del 2011 otros caseríos que se ubicaban en la nueva zona agrícola desde hacía décadas fueron reubicados a la fuerza, después de que el Estado le vendió a un grupo de grandes empresas las primeras 38 mil hectáreas irrigables con el líquido trasvasado del proyecto. La confiscación de las tierras ya había sido dispuesta en 1999 por el entonces presidente Alberto Fujimori, y por eso las autoridades lambayecanas expulsaron de la zona a los campesinos y los trasladaron a esta mini ciudad construida para albergar a los desplazados, llamada La Algodonera.

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El desalojo y la destrucción de las viviendas y pertenencias de los sectores Pan de Azúcar, Vinguar Grande y Abrigos de Pañalá fueron recogidos por la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional. En su informe de ese año denunció que el Gobierno Regional de Lambayeque y el Proyecto Especial Olmos Tinajones, PEOT, vulneraron los derechos de los campesinos, a quienes sometieron a actos de desalojo forzoso. Las imágenes grabadas por Amnistía Internacional revelan la destrucción de los pozos de agua de los comuneros para obligarlos a abandonar sus antiguas posesiones, por la fuerza y bajo amenaza.

Las casas para los desplazados miden unos 75 metros cuadrados. Los habitantes sostienen que es imposible tener plantaciones y menos animales en el perímetro. El teniente gobernador de La Algodonera, quien en un principio se mostró reacio con Cuarto Poder, se sumó a sus colegas comuneros.

“Yo creo que las cosas tienen que hacerse de manera pacífica, las cosas no se pueden hacer forzadas, pero sí se tiene que cumplir las normas de tal manera de la liberación de un espacio que está destinado para un proyecto, que es un proyecto nacional”, mencionó.
Humberto Acuña Peralta, gobernador regional de Lambayeque  habló en lima, en el local del partido Alianza para el Progreso. Se le explicó que a varios kilómetros de desierto, al pueblito Algodonera del caserío Alto de Roque, al igual que de otro caserío, El Milagro, sienten como extraños y forasteros a las grandes empresas agrícolas instaladas en Olmos.

El teniente gobernador de un pueblo sin escuela secundaria, ni botiquín, Augusto Pastor Purizaca, da cuenta de lo que varios comuneros también comentaron y que tiene que ver con las condiciones de los casi 5 mil puestos de trabajo que con un jornal promedio de 29 soles diarios han generado las empresas agroindustriales beneficiarias del proyecto Olmos.

“Aquí visualizo todas las madrugadas que sale la gente de aquí, a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, tienen que estar pasando las camionetas y todos van a las empresas amontonados en una camioneta abierta, como ver animalitos, cabritos, ahí los amontonan y los llevan a las empresas para que vayan de acá a las 4 de la mañana y estén regresando a las 6:30 de la tarde, ya para anochecer”.

La otra gran demanda de los comuneros de Olmos es la del acceso al agua trasvasada. Según señaló Odebrecht a Cuarto Poder, la empresa ha cumplido con proporcionar infraestructura para la pequeña agricultura; pero según un grupo de comuneros, se retiene y se administra el agua proveniente de Huancabamba.

La otra obra que aprovechará las aguas del río Huancabamba con una infraestructura similar a la de Olmos es el Proyecto Alto Piura. Se encuentra ubicado en la provincia piurana de Huncabamba y se diferencia de aquel en que estuvo a cargo de Camargo Correa, otra de las empresas brasileñas involucradas en el caso Lava Jato. La otra notable diferencia es el pobre avance de obra del proyecto Alto Piura pese a los desembolsos efectuados por el Estado peruano.  

Según el cálculo del Colegio de Ingenieros de Piura, desde que Camargo Correa firmó el contrato con el Estado peruano, en mayo del 2010, hasta la resolución del mismo, a fines del 2013, solo avanzó el 5% del total de la obra, consistente en caminos de acceso hacia el túnel de trasvase de agua, una línea de transmisión, el túnel mismo y una represa en la localidad de Tronera. Según señaló la empresa en un comunicado enviado a este programa, su avance fue del 21%. Como sea, han pasado casi siete años y los trabajos aún están lejos de culminar.

En mayo del 2007 el gobierno del presidente Alan García exceptuó al proyecto Alto Piura del cumplimiento del estudio de factibilidad de la fase de preinversión del SNIP, es decir, de las exigencias de contar con un expediente técnico de ingeniería de detalle de la obra.

La obra fue adjudicada a Camargo ese mismo mes de mayo por S/. 479 millones. Desde entonces y hasta diciembre del 2013, con doce adendas de por medio, el Estado desembolsó a favor de la brasileña S/ 259 millones, más de la mitad del costo total, sin que eso corresponda con el avance de los trabajos. Según Camargo Correa, el responsable es el gobierno regional de Piura por no haber contratado la ejecución del expediente técnico y por eso la ha demandado por S/. 73 millones, en un arbitraje aún sin solución.

Según el consejero regional de Piura y ex fiscal, Óscar Echegaray Albán, el total de recursos que ya ha desembolsado el Estado en estos siete años por Alto Piura ya llegó a los S/ 500 millones en total y el gasto se divide así: S/ 259 millones pagados a Camargo; S/ 130 millones que la gestión regional anterior recibió del MEF pero que destinó a otra cosa menos al proyecto; y S/ 100 millones ya desembolsados a la empresa Obraínsa, que en el 2015 tomó la posta de Camargo.

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A pesar del arbitraje contra el Estado peruano y de la realidad de la ejecución de los trabajos, Camargo Correa volvió a postular en el proceso que buscó retomar las obras. Si bien fue seleccionada como su reemplazante la empresa Obraínsa, Camargo tenía serias posibilidades de volver a ser seleccionada como la ejecutora de Alto Piura, en plena gestión regional de Javier Atkins. Esos hechos, y la premura de Alan García y de César Trelles por lanzar este megaproyecto sin SNIP ni expediente técnico son motivos suficientes para investigar el tema con mayor profundidad, sobretodo porque en el medio está Odebrecht, otra de las empresas involucradas en el mega escándalo de corrupción Lava Jato.

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