Prisontec: Minjus causa demoras en instalación de bloqueadores
Concesionaria afirma que el Ministerio de Justicia hasta el momento no aprueba los estudios ténicos para colocar los bloqueadores de señal en el penal de Lurigancho.
En una actividad conjunta con 600 policías y 150 agentes penitenciarios encabezados por el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe y el jefe del INPE, Julio Magán, se requisaron desde equipos celulares, chips hasta electrodomésticos en el penal de Lurigancho, que recientemente fue declarado en estado de emergencia por 60 días.
Según datos policiales, cerca del 80% de las llamadas extorsivas salen de los penales, donde también se planifican robos y asesinatos, uno de ellos es el penal de Lurigancho.
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A pesar del manejo de estas cifras, hasta el momento hay retrasos en la instalación de bloqueadores de señal de celular y wifi en los diferentes penales del país. El gerente de la empresa Prisontec, encargada de la instalación de estos bloqueadores, Tito Fernández Márquez sostuvo que la demora se debe a la falta de aprobación de los estudios técnicos por parte del Ministerio de Justicia.
De los 33 penales que abarca el contrato firmado entre el Estado y Prisontec, solo 5 centros penitenciarios cuentan con estos equipos de bloqueos. Entre ellos están los penales de Cañete, Huaral, Sarita Colonia del Callao, Chincha y Piedras Gordas, sin embargo solo las cárceles de Cañete y Huaral cuentan con un certificado de operatividad.
Al respecto, el congresista Renzo Reggiardo dijo que “hay algo que no está caminado bien. No hay un supervisor y eso lo hemos comprobado en el contrato que se nos hizo llegar. En la cláusula 19 se establece que tiene que haber un supervisor externo para que se evite que el ministerio haga una función de supervisión, porque sería juez y parte”.
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Sin embargo, mientras esta situación se aclara, los presos continúan planificando y cometiendo sus fechorías desde las cárceles, ya que cuentan con el apoyo de amigos y familiares que los ayudan ingresando equipos telefónicos.
A esto se suma la actuación de algunos policías y agentes del INPE que facilitan el ingreso de artículos prohibidos en lugares insospechados.
Según cifras del INPE, solo entre enero y marzo de este año se han incautado 1,231 celulares en requisas a diversos penales del país y en lo que va del gobierno del presidente Ollanta Humala, se han decomisado más de 21 mil celulares.
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Para contrarrestar esta situación, se decidió declarar en estado de emergencia por 60 días el penal de Lurigancho a partir del 2 de mayo, impidiendo el ingreso de ningún reo a fin de ordenar el trabajo en coordinación con la Policía Nacional.
El Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, sostuvo que se evaluará la cantidad de visitas, se realizarán requisas constantes, la reclasificación de internos y el traslado a otros penales para desbaratar mafias que controlan el penal de Lurigancho.
