Peajes de Lima: Defensoría plantea que Municipalidad aplique 'cláusula de rescate'

Gutiérrez Consideró que la MML debe liderar la modificación de los estándares contractuales impuestos por empresas como Odebrecht y OAS

Defensoría planteó medida ante problemas registrados con los proyectos viales de Lima. Foto: Defensoría
Defensoría planteó medida ante problemas registrados con los proyectos viales de Lima. Foto: Defensoría

Ante los problemas registrados con los proyectos viales de Lima, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), podría aplicar la cláusula de rescate o llamada también cláusula exorbitante, que está contemplada en los contratos de concesión, para que el Estado, de ser necesario, resuelva los contratos y recupere la gestión de las obras en beneficio de la ciudadanía. 

Precisó que está de por medio la defensa del derecho ciudadano al libre tránsito, tanto para movilizarse a sus actividades laborales como a actividades de cualquier otra índole, vinculadas a la salud, educación, esparcimiento u otros.

Dijo que se requiere implementar una infraestructura idónea, que beneficie a los usuarios por su calidad en el servicio, que cuente con vías alternas que permitan la transitabilidad en tiempos razonables para quienes pueden pagar un peaje y también para aquellos que no lo pueden hacer; y brinde peajes justos, basados en la transparencia.

Consideró que la Municipalidad debe liderar la modificación de los estándares contractuales impuestos por empresas como Odebrecht y OAS, que usaron la corrupción para favorecerse ilegalmente e influir en las decisiones de funcionarios y autoridades; perjudicando los intereses ciudadanos.

El defensor del Pueblo expresó sus dudas respecto del cumplimiento del principio de “debida diligencia” de las empresas que adquirieron los derechos sobre los proyectos viales Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. “Es hora que dichas empresas demuestren que actuaron de buena fe y que están dispuestas a respetar los derechos de las personas que se sienten afectadas por una serie de cláusulas en las que se dejó de lado el interés público”, anotó.

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