Ley Universitaria en debate: análisis a la propuesta del Apra para modificarla

Proyecto de ley pretende modificar 9 artículos y centra su polémica en el nombramiento de autoridades

La Ley Universitaria en debate / Foto: Andina

De 142 universidades peruanas, entre públicas y privadas, solo una está entre las 500 mejores del mundo, que además están plagadas de conflictos entre los rectores y los alumnos.

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Universidades en el segundo piso de una cevichería, como la San Pedro de Iquitos; dentro de un centro comercial, como la Universidad de Jaén; que ofrecen dudosos convenios con Harvard, como la María Auxiliadora o que están ubicadas en un establo, como la Particular de Iquitos. 

Tras casi dos años de vigencia de la Ley Universitaria, promulgada durante el gobierno pasado, todo esto ha empezado a cambiar. Sin embargo, no todos están contentos con la Ley 30220 y es por eso que la bancada aprista, encabezada por Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén, han presentado un proyecto de ley que pretende modificar 9 artículos de la misma, planteando la controversia en cómo se elige el Consejo Directivo de la Sunedu o Superintendencia de la educación superior universitaria.

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Para entender la postura aprista presentada a la Comisión de Educación del actual Congreso y que ya tiene un predictámen aprobado, hay que retroceder hasta el año 2014, antes de la ley vigente, cuando era la Conafu la entidad que se encargaba de autorizar el funcionamiento de nuevas universidades. 

Y de aquí partió el gran cambio de la Ley Universitaria, pues se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), una entidad técnica que tiene como función dar licencia a las universidades existentes y nuevas, pero que  también supervisa la calidad de las mismas. 

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La gran diferencia, sin embargo, es que aquí no son los rectores quienes escogen a su consejo directivo de 7 miembros, 5 elegidos en concurso público abierto por un comité de notables que ha sido elegido por el ministro de Educación.

Los otros dos miembros, incluyendo la Superintendenta, son elegidos por el Ejecutivo. Esta sería la principal motivación del proyecto de ley aprista, disminuir la injerencia del gobierno de turno al nombrar este consejo directivo, puesto que no se estaría respetando la autonomía universitaria.

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Por eso es que el artículo 17 del proyecto de ley aprista le devuelve el poder a los rectores de elegir a los miembros del consejo directivo, es decir, vuelve a poner al gato, que tanto costó sacar, y elimina al Ministerio de Educación como ente rector.

La parte buena es que Mauricio Mulder quiso dejar en claro que ese polémico artículo de proyecto de ley es debatible. Esfuerzo dialogante que fue respaldada por su colega de bancada Jorge del Castillo.

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Pero la otra grave amenaza que supone el proyecto de ley aprista es que planea una especie de indulto para las actuales 142 universidades y serán solo las nuevas las que podrían ser fiscalizadas y tramitar su licenciamiento. 

No debemos olvidar que la Ley Universitaria vigente tiene entre los estudiantes más del 90% de aprobación. Estas, las de los estudiantes, son las voces que mañana no estarán en la Comisión de Educación del Congreso