Fiscalía solicita detención de los socios de Odebrecht en Perú

Para ellos, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva

Los consorciados estarían inmersos en los delitos de colusión y lavado de dinero

Como si fuera un tsunami imparable, el caso Odebrecht sigue arrastrando todo a su paso. Esta vez son los directivos de las empresas peruanas consorciadas, quienes están bajo la lupa de la Fiscalía.

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Para ellos, se está solicitando 18 meses de prisión preventiva. Se trata de José Alejandro Graña Miro Quesada, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Alejandro Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós.

Después de revisar y analizar actas de juntas, documentos contables, reportes bancarios y de recabar testimonios de colaboradores eficaces, la fiscalía sostiene que los consorciados estarían inmersos en los delitos de colusión y lavado de dinero.

A pesar que los empresarios peruanos han negado más de una vez su participación en hechos ilegales, Jorge Barata, el colaborador eficaz más activo y medular en Perú, contradice esa versión.

De acuerdo con este documento fiscal, “Barata reveló que los pagos ilícitos para Alejandro Toledo, por el favorecimiento en la concesión de la Interoceánica Sur tramos 2 y 3, si bien fueron efectuados por la empresa Odebrecht, las demás empresas consorciadas sí tenían conocimiento del acuerdo ilícito, lo que fue conversado con los miembros del directorio de las mismas.”

En otra página de este mismo documento fiscal, se cita a Barata otra vez para que precise su respuesta. “Barata comunicó a José Alejandro Graña Miro Quesada, presidente de Graña y Montero, José Castillo Dibós, director de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., y a Fernando Camet Piccone, presidente de JJ Camet, de sus tratativas con Toledo para hacerse de la licitación de la interoceánica a cambio de un pago ilícito de dinero”, indicó.

Según Barata, Alejandro Toledo recibió una coima de 20 millones de dólares. De acuerdo a su versión todos los consorciados aportaron para ese pago ilícito. “Se tiene que Graña y Montero, JJC Contratistas, Ingenieros civiles y Contratistas Generales S.A. cedieron en favor de Odebrecht el monto ascendente a 41 millones de soles, equivalente a 15 millones de dólares”, continuó.

La fiscalía sostiene que cada empresa entregó montos, de acuerdo a su participación en el consorcio, para pagarle la coima a Toledo. “Graña y Montero entregó 6,2 millones de dólares, JJC Contratistas 5,6 millones de dólares e Ingenieros Civiles la suma de 3.2 millones”, dijo.

La ruta del dinero negro empezaría aquí: “Como se indicó en la junta general de accionistas, se percibe el término “Riesgos adicionales” o “Mayores riesgos” como mecanismo para transferir utilidades de las empresas asociadas al grupo Odebrecht”, según contó.

Según Barata, el dinero salió de las utilidades de cada empresa consorciada con destino al pago de los llamados “Riesgos adicionales” asumidos supuestamente por Odebrecht. 
15 millones de dólares de los consorciados peruanos, más otros 5 millones de dólares de Odebrecht para pagarle la coima a Toledo. Así se habría disfrazado la contabilidad. Eso en lavado de activos se conoce como “conversión”.

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Luego Odebrecht habría utilizado su plataforma de offshores y cuentas en paraísos fiscales para sacar el dinero e ingresarlo a las cuentas de Joseph Maiman, el amigo preferido de Toledo. Pero ésa, es historia ya conocida. Intentamos recoger la versión de los aludidos en este informe, pero hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.