EsSalud denunció a exfuncionarios por los delitos de colusión y malversación

Órgano de control encontró presuntas irregularidades en la contratación de empresas privadas prestadoras del servicio de salud durante la gestión de Virginia Baffigo

Nada menos que 71 millones y medio de soles, por un periodo de tres años

Días agitados son los que se viven en los predios de Essalud, el seguro social. Y todo parece indicar que esto es tan solo el comienzo. Estos documentos son cruciales en esta historia. El primero, es una auditoría que el Órgano de Control Interno de EsSalud presentó en agosto de 2017 sobre los procesos de selección para contratar empresas privadas prestadoras del servicio de salud durante la gestión de Virginia Baffigo. Y en donde se habrían encontrado presuntas irregularidades.

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El segundo documento, es una denuncia penal, basada en el informe de control interno, presentada hace una semana ante el Ministerio Público por la actual administración de EsSalud contra funcionarios de la gestión anterior por los delitos de colusión y malversación.
Como una forma de ampliar la cobertura y oferta a sus asegurados, EsSalud contrata a empresas privadas para que brinden servicios de salud complementarios que la entidad no puede prestar.

Estas empresas reciben el nombre de Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud, IPRESS. En ese contexto, en mayo de 2016, EsSalud contrató a través de un procedimiento especial a un consorcio conformado por las empresas ISSOMEDIC, Alegría Activity SL y Alegría Activity Perú, con el objetivo de que brindaran el servicio itinerante de detección de cáncer de mama, cuello uterino y próstata, a través de estas unidades móviles que viajarían por distintas zonas del país. Tres buses supuestamente equipados con la tecnología para cumplir esta labor. El costo por esto, nada menos que 71 millones y medio de soles, por un periodo de tres años.

Estas imágenes forman parte de una presentación que el consorcio ISSOMEDIC nos hizo llegar. El pago por el servicio se dividía en una parte asistencial o médica valorizada en 36 millones 654 mil soles y una parte comunicacional y de promoción a través de medios de comunicación tradicionales, redes sociales y otros, cuyo importe total era de 35 millones de soles. Nada menos. Tras la firma del contrato, a agosto de 2016, Essalud ya había desembolsado un adelanto de 10 millones de soles por el servicio.

Pues bien, tras el cambio de gestión y de gobierno y con el contrato vigente, a comienzos de 2017, el órgano de control interno de EsSalud llevó a cabo una auditoría a este proceso de selección. Las conclusiones fueron tajantes.

Según el informe, las comisiones de EsSalud involucradas en la selección y contratación del consorcio ISSOMEDIC, es decir la comisión ad hoc, el comité especial de contratación y el comité de verificación, integrado por altos funcionarios de la entidad, no cumplieron con sus funciones y transgredieron la normatividad vigente al contratar a un postor que no cubría los requerimientos técnicos.

Según la auditoría, la selección del postor se hizo bajo el decreto supremo 017-2014 que regula el procedimiento especial de servicios de salud y que estipula que el consorcio que va a prestar el servicio debe estar integrado solo por IPRESS, es decir empresas privadas de salud, debidamente acreditadas ante el Ministerio de Salud. En el consorcio ganador ISSOMEDIC era la única IPRESS, tanto Alegría Activity SL, que es española, como Alegría Activity Perú no son empresas prestadoras de servicio de salud propiamente dichas, sino, empresas de comunicaciones y marketing experimental como se autodefinen a las que se destinaban 35 millones de soles.

La auditoría encontró responsabilidad administrativa y presunta responsabilidad penal. El pasado 7 de febrero, EsSalud denunció penalmente a los funcionarios que en esa gestión participaron en este proceso por los presuntos delitos de colusión y malversación.

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Estos son: Luis Aguilar Torres, como presidente de la comisión ad hoc que elaboró los requerimientos de contratación, así como el resto de los integrantes de este grupo de trabajo: los funcionarios Martín Sanabria Zambrano, Kenly Valentín Cajas y Rosa Aguilar de Navarro. También han sido comprendidos los integrantes del comité especial de contratación: Erick Muñoz Arce, Raquel Palomino Zárate, Patricia Ramón Montoya y Jorge Luis Ventura Corisunco; los del comité de verificación Sebastián Machado Rosazza, Alcibiades Capcha Orellana, y Karla Urdiales Adrianzén.