César Hinostroza: estos son algunos cuestionados fallos del juez supremo
Audios del juez causaron indignación por su forma de referirse al caso de una niña violada. Estos son otros casos que tuvo en sus manos
La forma en cómo le juez supremo, César Hinostroza Pariachi, se refierió a una víctima menor de edad del delito de violación sexual en un audio difundido recientemente por medios de comunicación generó sospechas sobre la manera en cómo este magistrado de la Corte Suprema habría resuelto otros procesos por violación cuyas víctimas hubiesen estado por debajo de la edad legal para mantener relaciones sexuales. A continuación, algunos cuestionados fallos del magistrado.
Como la resolución de un caso de violación sexual cuya víctima tenía sólo 13 años de edad. La menor relató que Mariano Faustino Huamaní Saldívar la violó en marzo del 2014 en un hostal y tras un proceso penal en el que quedó demostrada su culpabilidad, fue condenado a 30 años de cárcel. Pero apeló y su caso cayó en manos de la sala presidida por Hinostroza. El juez argumentó que el acusado en todo momento pensó que la menor tenía más edad porque “ella le dijo el primer día que se encontraron que tenía 14 años, pero que cuando habían conversado por facebook, ésta le había dicho que tenía 15” y porque, además, “la menor le hablaba como una persona adulta”. El juez se basó en la versión de Huamaní para absolverlo y ordenar su libertad.
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Pero esa no es la única sentencia cuestionable de Hinostroza. La sala que integraba absolvió a Elsa Cjuno Huillca del delito de trata de personas de una menor de edad. La menor de 14 años fue engañada y trasladada hasta La Pampa, tierra de nadie dónde impera la minería ilegal de Madre de Dios. La adolescente fue rescatada cuando cumplía labores de dama de compañía en un prostibar regentado por Cjuno Huillca. Si bien el juez ponente que se encargó de sustentar esta resolución fue Javier Villa Stein, Hinostroza aparece como uno de los miembros de la sala que refrendaron esta sentencia que absolvió a la mujer acusada.
Quizá el caso más mediático en el que ha fallado Hinostroza sea el de Arlette Contreras, cuyo agresor fue absuelto en el 2016 por el Poder Judicial de Huamanga de los delitos de violación sexual en grado de tentativa y feminicidio en grado de tentativa. Adriano Pozo sólo fue condenado por lesiones culposas a un año de prisión suspendida, pero la sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho declaró nula la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral. La defensa de Arlette Contreras pidió que su caso sea transferido a Lima y el caso desembocó en la sala de la Corte Suprema presidida por Hinostroza, quien, determinó que como la vida y la salud de Adriano Pozo no estaban en riesgo, el proceso debía continuarse en Ayacucho.
En febrero del año 2010, el entonces sub teniente del Ejército peruano Omar Chihuantito Gibaja fue agredido por órdenes de su superior, el capitán Marco Calixto Mendoza Matheus. Chihuantito sufrió un traumatismo encéfalo craneano y los golpes que recibió en la cabeza fueron tan graves que 18 años después sufre las secuelas del ataque. Mendoza Matheus fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de tortura simple. Pero en el 2016, la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema presidida por Hinostroza Pariachi anularon la sentencia en su contra y lo absolvieron del delito de tortura, entre otros motivos, porque los testigos no pudieron corroborar los hechos.
Las resoluciones de este juez también han tenido un efecto preponderante en casos de lavado de activos. En agosto del 2017, la sala presidida por Hinostroza emitió un recurso de casación que alteró las reglas de juego para la tipificación del delito de lavado de activos. La norma dice que el delito del que proviene el dinero y el delito de lavado propiamente dicho son autónomos y para investigar, procesar y juzgar a una persona por lavado basta con acreditar tener indicios del delito primigenio. La casación de Arequipa dice que para que se constituya el delito de lavado de activos primero hay que demostrar el delito fuente del que proviene el dinero ilegal del lavado.
Coincidentemente, existía un caso en investigación para el que esta casación se convertía en una oportunidad. El ex congresista, financista y ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, era investigado desde diciembre del 2014 precisamente por lavado de activos tras descubrírsele un importante desbalance patrimonial. Solo una semana después de que se le abrió investigación por este delito, un supuesto empleado suyo denunció la pérdida de documentos de 10 de sus empresas. Un hecho que complicaba mucho la indagación sobre el origen de su fortuna. Y gracias a la casación de Hinostroza, la defensa de Ramírez pidió que se archivara su caso.
La casación de Hinostroza se convirtió en un obstáculo para la formulación de procesos de lavado de activos a tal punto que dos meses después, el 11 de octubre del 2017, la Corte Suprema en pleno, a través de una sentencia plenaria, dejó sin efecto el carácter vinculante de la casación que permitió archivar la investigación contra Ramírez.
