Caso Odebrecht: decreto que busca impedir corrupción afectaría proceso

Odebrecht es la única empresa brasilera involucrada en el escándalo Lava Jato que ha admitido haber pagado sobornos en el Perú  

Empresa Odebrecht. Foto: captura de TV

Mientras seguimos esperando los detalles relacionados al Perú de la denominada “confesión del fin del mundo”, la empresa Odebrecht, que sigue operando e incluso contratando con el Estado en Brasil y los Estados Unidos, empieza a hacer agua en el Perú. Una situación que preocupa a la fiscalía peruana pues podría entorpecer la colaboración de la constructora en las investigaciones para detectar y procesar a los funcionarios peruanos que recibieron los sobornos.

El Decreto de Urgencia 003-2017, publicado el pasado 13 de febrero, señala que las empresas condenadas por delitos de corrupción o que hayan admitido la comisión de este tipo de delitos, no podrán vender activos, ni acciones o transferir al exterior dividendos ni utilidades hasta que se efectúe el pago íntegro de la reparación civil al Estado. La relación de empresas a las que se les aplica hasta el momento el 003-2017 muestra 54, y todas son subsidiarias o están estrechamente relacionadas a Odebrecht. Incluso, en el número 55 de la lista incluye a “cualquier otra persona jurídica controlada o que forme parte del grupo económico de Odebrecht S.A.”. 

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Y es que esta es la única empresa brasilera involucrada en el escándalo Lava Jato que ha admitido haber pagado sobornos en el Perú para ganar obras públicas. El objetivo de la norma es evitar que estas empresas se queden sin capital y se rompa la cadena de pagos, una situación que terminaría perjudicando económicamente a proveedores y trabajadores que no tienen ninguna responsabilidad en los actos de corrupción cometidos por Odebrecht.

En virtud del 003, Odebrecht solo puede vender o transferir activos, acciones y utilidades con la aprobación del Ministerio de Justicia. Pero el dinero de estas ventas no va a las arcas de la empresa, sino a un fideicomiso que nadie podrá tocar hasta que se determine el monto de la reparación civil que la empresa deberá pagar al Estado por sus delitos.  

En un aspecto, la aplicación del decreto de urgencia a Odebrecht ha generado el efecto contrario al que la norma buscaba. Como no puede disponer del capital que obtiene con la venta de activos y otros ingresos, la cadena de pagos ha empezado a verse afectada.
“No ha podido pagar a sus proveedores, son pequeñas empresas de dependían de los contratos de Odebrecht en todas sus obras, vino Sunat y embargó sus cuentas. El decreto no les permite actuar. Todos esos proveedores se quedaron de la noche a la mañana sin poder pagar a sus empleados y a sus propios proveedores”, sostiene el periodista César Romero.

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Hay quienes cuestionan el decreto de urgencia 003-2017 porque consideran que termina asfixiando económica y financieramente a las empresas que admitan haber cometido actos de corrupción, desincentivando que más personas jurídicas involucradas en el escándalo Lava Jato reconozcan que también pagaron sobornos en el Perú.

Pero para el ex procurador anticorrupción el problema no radica en el decreto, sino en la falta de un marco legal que permita a las personas jurídicas acogerse a la colaboración eficaz, una figura adoptada en el Perú en el año 2001 con el fin de procesar a todos los implicados en actos de corrupción del aparato estatal durante el fujimorato. Por eso la colaboración eficaz fue ideada y es aplicable exclusivamente a personas naturales.

Si bien en el Perú esta es la primera vez que la justicia hará frente a una compañía multinacional con todo un aparato diseñado para pagar sobornos a funcionarios públicos, otros países ya han enfrentado situaciones como esta y han desarrollado normas que les han permitido procesar con éxito a empresarios y funcionarios corruptos aplicando la colaboración eficaz no solo a personas naturales, sino también a empresas. 

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Un caso emblemático es el famoso caso Siemens. En noviembre del 2006 la justicia alemana allanó las oficinas y las casas de los directivos del conglomerado en busca de evidencia de un sistema organizado de sobornos a funcionarios públicos que la empresa había establecido a nivel global para obtener contratos. Los investigadores detectaron 4 300 pagos ilegales que afectaron a más de 330 obras en todo el mundo. En diciembre del 2008, las autoridades europeas y estadounidenses le impusieron una multa de mil seiscientos millones de dólares, le exigieron cambiar a sus directivos y establecer una política anticorrupción al interior de la empresa. 

Esta especie de colaboración eficaz para empresas es conocida en la legislación internacional como lenidad. Y en el caso Siemens permitió que 130 empleados de la gigante alemana admitieran sus pecados y proporcionaran información sobre los funcionarios corruptos que habían participado en sus delitos. Más de una década después, Siemens sigue siendo líder mundial en su campo y se ha convertido en una compañía modelo en prácticas anticorrupción.

Este es el acuerdo de leniencia o lenidad con el que Odebrecht se compromete a pagar una multa de 2 mil seiscientos millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza en un plazo de 20 años. En virtud del acuerdo, la constructora mantiene la posibilidad de seguir operando e incluso contratando con el Estado. 

La procuraduría brasileña y Odebrecht ya informaron al Ministerio Público peruano que colaborarán con las investigaciones en el Perú, siempre y cuando la información proporcionada no sea utilizada para abrirles procesos penales a sus ex directivos o a la misma empresa.

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Por su parte, la Procuraduría Anticorrupción peruana, en un primer momento reticente a negociar con los directivos de Odebrecht, ya está negociando el monto de la reparación civil que deberá pagar al Estado peruano. Hasta el momento ha adelantado que el monto supera los 200 millones de soles calculados inicialmente.

De la nueva estrategia diseñada por la procuraduría en coordinación con el Ministerio Público dependerá que la información que llegue de Brasil pueda ser utilizada con eficiencia para detectar, procesar y sentenciar, de ser hallados culpables, a todos los funcionarios públicos que recibieron los sobornos con los que Odebrecht y otras empresas brasileras compraban voluntades.

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